La mayoría de MORENA en el Senado aprobó la implementación de un nuevo proyecto gubernamental encaminado a recopilar datos de identificación personal a través del uso de telefonía móvil, el pleno de la cámara alta aprobó, primero en lo general, la modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, a través del cual se recopilarían, registrarían y almacenarían los datos biométricos de todos los usuarios de líneas de celular en el país, estos incluirían huellas dactilares, iris de ojos, facciones del rostro, tono de voz e incluso el código de ADN.

En una sesión mixta y semi presencial, ya que algunos legisladores acudieron físicamente al recinto de la cámara y otros participaron de la misma vía electrónica, que finalmente terminó con 56 votos a favor, 52 en contra y 7 abstenciones que resultaron definitorias para el resultado de aprobación en lo particular, en la que previamente se dio una férrea exposición de motivos tanto a favor como en contra de la propuesta.

En la discusión del tema el senador por Jalisco Alberto Galarza Villaseñor, señaló en su intervención la ineficacia y vulnerabilidad de intentos pasados por controlar los datos personales desde el uso de la telefonía móvil, el riesgo de potenciar la corrupción para filtrar y lucrar con estos datos, el que la implementación de este tipo de medidas pondría a México al nivel de países con un limitado derecho a la libertad de expresión, recalcó también que el argumento de buscar combatir los delitos de extorsión no es suficiente, pues estos no tienen su origen en el acceso a una línea telefónica y mucho menos sea una solución de fondo buscar limitarlo desde el uso de datos personalísimo.

El senador jalisciense pidió al pleno que no se aprobará bajo ningún motivo la medida, y que mejor se comenzará a discutir cómo poder combatir los temas de extorsión telefónica que tienen su origen en un 60% desde los centros penitenciarios, que se hable de los autogobiernos que existen en las penales que hoy gobiernan grupos de delincuencia organizada, que se hable de la renuncia del Estado a controlar sus cárceles y cumplir su función de readaptación social.

Galarza Villaseñor destacó que el propio IFT ha declarado que no cuenta actualmente con el presupuesto, ni con las capacidades institucionales para operar un proyecto como este, mismo que luego de esta aprobación pasa ahora al Ejecutivo Federal para su aplicación.