Organizaciones y Colectivos exigen a la autoridad Municipal y Estatal la cancelación del gasoducto.




Por: Aurora Quijas

Después de que se diera a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitiera la recomendación 26/2020 el mes pasado, en la que involucra al Gobierno Municipal de Lagos de Moreno y dependencia estatales sobre la reparación del daño en la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna sobre la situación del gasoducto.

En rueda de prensa virtual la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos exigió a las autoridades la cancelación del gasoducto, pues manifiestan que es violación a los derechos de la comunidad indígena, informó María González Valencia, Activista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C.

“Lo que estamos pidiendo es que no continué avanzando esta instalación del gasoducto y que se suspenda de manera inmediata su operación, desde luego exigimos su cancelación total, es decir más allá de que se puedan revisar todas las licencias y todos los permisos municipales que fueron entregados, está absolutamente comprobado que por ser este un pueblo indígena todo esto como ya se dijo se hizo violando los derechos indígenas de este pueblo Chichimeca.”

María González Valencia, mencionó que la Comisión Estatal ha recomendado que deben revisar la Legislación para que la comunidad del pueblo San Juan Bautista pueda ser incorporada al padrón de comunidad y localidad indígena de Jalisco.

“Como misión también estamos recomendando que se tiene que incorporar al pueblo originario Chichimeca de San Juan Bautista de la laguna al padrón de la Comisión Estatal indígena”.

Paul Martínez Facio, integrante del Consejo General de Pueblos Indígenas de San Juan Bautista de la Laguna, solicitó a las autoridades a que intervengan y desmantelen el gasoducto, ya que pone en riesgo la vida de la comunidad, la tranquilidad y el equilibrio ecológico de la zona.

“Exigimos de nueva cuenta que se desmantelen las tuberías, que se revoquen la licencias porque han sido dadas mediante la complicidad y violando los derechos de los pobladores”.

Por último, María González Valencia agregó que como Misión Civil de Observación de Derechos Humanos respaldan la recomendación 26/2020 y esperan que las autoridades estatales y municipales, hayan respondido por escrito a la Comisión de Derechos Humanos.