Por años a los fondos de pensiones de los trabajadores los Ayuntamientos los han convertido en una especie de caja chica, las administraciones tienen la obligación de retener en la nómina de pago de cada uno de sus empleados la cuota correspondiente a este fondo complementarlo con su parte y entregarlo a IPEJAL, para que una vez llegue su jubilación pueda ser otorgado como un ahorro de sus años de trabajo.

Ana Martínez, llegó a principios de los ochentas a trabajar en al Ayuntamiento de Lagos de Moreno y desde entonces se desempeñó como empleada de base, pasó por diferentes áreas de la administración, ahí, vivió episodios complejos, como la toma del palacio municipal en tiempos “del gallo colorado”, estuvo fuera durante 4 años por despido injustificado, demandó y ganó su resinstalación y el pago de salarios caídos, así pasaron 36 años de servicio hasta que en 2017 logró su jubilación oficialmente, sin embargo,  aún tiene un asunto pendiente “en el laudo que declaró la Junta de Conciliación de Arbitraje y Escalafón manda al IPEJAL el acuerdo del laudo que causó estado y dice que se paguen las aportaciones a Pensiones del Estado para tu servidora a partir de 1983 que fue cuando yo adquirí la base, yo soy empleada de base yo no soy ni de confianza, ni soy directora ni soy nada de eso. El Ayuntamiento ha dado evasivas y sólo ha hecho el jurídico amparos que han prolongado este juicio y nunca se me habló para ni siquiera para tomar un acuerdo, un convenio ni nada por lo que la cuenta pues obviamente sigue incrementando”.

Ella, junto con otros empleados en condición similar tienen años esperando que alguna autoridad en turno se decida a cubrir los adeudos que resultado de laudos perdidos tiene el Ayuntamiento laguense. En su reclamo en un juicio promovido desde 2012 Ana Martínez pide se le reconozcan sus derechos consagrados legalmente como empleada de base y que pide se les reconozcan como: la antigüedad y las aportaciones a IPEJAL. Este juicio ya causó estado a su favor y además jurisprudencia, lo que permite que cuestiones similares sean juzgadas de la misma forma.

Derivado de este juicio a su favor hay ya una suspensión para el titular de la Administración, el alcalde, el pleno del cabildo y otros funcionarios esto como sanción por la omisión de años en lo dictaminado por la autoridad correspondiente. Ana Martínez califica a los equipos jurídicos de los gobiernos como omisos y no respetan los derechos, ni dan garantías a los trabajadores, señala que una vez que un empleado pide lo que lo que por derecho le corresponde utilizan artimañas legales para prolongar los procesos y eludir su responsabilidad al decir que son problemáticas heredadas que no asumen el compromiso como autoridad en funciones.

Desde el Ayuntamiento de Lagos de Moreno se ha puntualizado que el pago de los laudos actuales causaría una grave afectación en las arcas y presupuestos municipales, puesto a que además hay también laudos promovidos por exfuncionarios de primer nivel que exigen compensaciones estratosféricas, sin embargo, como es el caso de Ana Martínez, hay otros que sólo buscan lo justo de acuerdo a las labores realizadas en favor de la institución, a quienes sólo se les dan excusas como el que las cuotas no fueron entregadas por las administraciones pasadas o bien buscan entregarles compensaciones irrisorias.

Ana Martínez pese a todo sigue en pie y en la búsqueda de defender sus derechos laborales, trabajó por más de tres décadas como funcionaria pública del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, con la ley a su favor sólo tiene una petición justa y puntual a las autoridades:

“Que cumplan con la ley que, si se consideran personas que representan a un Ayuntamiento, que primero cumplan con la casa, con los trabajadores, que sean justos, que sean honestos, que sean respetuosos de la ley y que no se eximan puesto que esto no es un conflicto entre personas, entre parte y parte, estamos hablando de derechos, estamos hablando de prestaciones que ley consagra a un empleado, a un trabajador”.