Guadalajara, Jalisco.

A tres años del supuesto suicidio de Dulce Gabriela Castañeda, una joven de 30 años que vivía en Tonalá, y que su familia exigiera investigar su muerte como feminicidio, el caso dio la vuelta contra los abuelos maternos y su tía, Ivonne Cortés, pues este viernes fueron vinculados a proceso por sustracción de menores.

La audiencia concluyó poco antes del mediodía en Puente Grande, luego que la ex pareja y a quien la familia acusa de su feminicidio, interpuso una denuncia penal en contra de ellos con la intención de quitarles a Emilio, el menor de los tres hijos de Dulce, pues los otros dos están con él, después de meses de la muerte de su mamá, pese a que no tiene la custodia definitiva. Se trata de Gilberto Javier Olivares, empleado de base en el Congreso del Estado.

Marcela Romo, abogada de la familia, expresó que su proceso lo llevarán en libertad y con medidas mínimas, como presentarse a firmar cada mes en Puente Grande y se les prohíbe salir del Estado, pero lo contradictorio fue que pese a la vinculación, el juez Gildardo Joel Landeros Parra determinó que la custodia de Emilio y de los otros dos, la tiene la abuela materna.

“El DIF tiene 48 horas para hacerle la entrega al menor a los abuelos maternos. De hecho se había determinado dentro de las medidas cautelares, se les había determinado que no se podían acercar a los menores, y eso se desestimó, puesto que ellos tienen la custodia”.

Desde el sábado pasado, cuando Ivonne y sus papás fueron detenidos, presuntamente de manera ilegal en el DIF de Guadalajara, durante una convivencia de Emilio con el padre, el menor permanece en el Hogar Cabañas. Su abogada aseguró que apelarán la vinculación, intentarán tumbar el proceso penal en contra de la familia de Dulce, al argumentar una detención arbitraria, y exigirán la reparación del daño por los daños psicológicos o emocionales que pudo sufrir el menor por esta separación de su familia.

“Claro que se va a buscar que también que se vaya a restituir como el daño psicológico, físico y emocional que se le causó al menor estando en un instituto donde él no tenía porque estar porque él tiene a su familia”.

La abogada explicó que el juez inició esta audiencia con una disculpa a la familia por la manera en que se desarrolló la audiencia del domingo pasado, donde se les imputó, y los tres desconocían de qué se les acusaba. Tampoco fueron notificados que pesara una denuncia penal en su contra.

“Dijo que ahora sí que él solamente había dictado tal audiencia, puesto que solamente había trabajado bajo las pruebas que se le había presentado. De hecho en el inicio de la audiencia se disculpó con la familia materna y empezó la audiencia. Ellos tuvieron de abogado de oficio ese día, el domingo no presentaron pruebas por parte de la familia, hoy sí ya se presentó todas las pruebas. No tuvo medios de pruebas para hacer un juicio objetivo”.

La justificación del juez para vincularlos fue que en meses pasados el DIF acudió al domicilio de los abuelos maternos para pedirles que le entregarán a Emilio, pero al no llevar ninguna órden, éstos se negaron. Además, existen dos sentencias de dos juzgados distintos sobre la custodia de los menores, una para la abuela materna y otra para el abuelo paterno, aunque la abogada aseguró que la primera y la válida es la de la familia de Dulce. Algo que deberá resolverse en un proceso familiar.

Los papás de Dulce han manifestado que sus aseveraciones de que fue un feminicidio se sustentan en la violencia física que padeció la joven por parte de su ex pareja durante los años que estuvieron casados, y por lo cual existieron denuncias penales en el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM). A eso se suma la llamada que recibió su mamá una noche antes para informarle que Gilberto la golpeaba junto con una vecina.