Guadalajara, Jalisco.

Aunque la Secretaría de Educación Jalisco dice contar un protocolo de actuación para los casos de violencia física, verbal o sexual, la realidad es que no se aplica de manera correcta para quienes denuncian ser víctimas de algún tipo de violencia.

Un ejemplo es Vania Dafne Carranza, trabajadora en la institución educativa. Ella denunció en marzo del año pasado a un funcionario de la Dirección de Formación Continua. Primero lo hizo internamente ante la coordinadora Sofia Goretti Castañeda Ruiz; sin embargo, al no actuar de manera inmediata y aplicar el protocolo, le dio tiempo al agresor solicitar un permiso sindical para dejar sus funciones pero sin perder su plaza laboral.

“Era importante que actuará rápido porque mi jefa inmediata daba aviso al órgano interno de control de la SEJ y ellos podían hacer la separación del cargo del docente, bueno del servidor público porque es asesor de formación continua y así se le hacía un proceso de investigación. Se pudo haber detenido el permiso de sindical”.

Con el permiso sindical el servidor público puede ausentarse hasta por siete años y no pierde su plaza. Situación que lo hace sentir seguro, puntualizó Vania. En caso de que el protocolo se hubiera aplicado adecuadamente el señalado no tiene acceso a ese beneficio.

Para Vania Carranza es inaceptable que la SEJ tenga protocolos pero no los aplique o los aplique a su conveniencia. Dimensiona la problemática al hablar de los casos de abuso sexual infantil, donde hay docentes que trabajan a pesar de que están acusados.

“Inaceptable esta situación que la secretaría haga caso omisión de casos así. Estoy hablando de una violación hacia una maestra. Yo que tengo los conocimientos, la madurez me atreví a denunciar pero te obstaculizan y como víctima te revictimizan. Imagina a los alumnos de educación básica, en una zona rural. A los papás, con esa burocracia con la que se dirige la secretaría de educación en donde no te dan informes de nada, se termina no denunciando”.

Vania es un testimonio más de las señalizaciones en contra de la SEJ por delitos sexuales en el que están involucrados personal de la institución y no pasa nada. Incluso solicitó al titular Juan Carlos Flores Miramontes cambio de sede ante el miedo de represalias por parte de su agresor quien sabe en donde labora; sin embargo, su petición no ha trascendido.

También está el caso de Gloria Esther Briceño Alcaraz, docente con más de 19 años, cesada el pasado 31 de marzo por haber denunciado abiertamente hostigamiento sexual por parte de su jefe.