Guadalajara, Jalisco.

Por buscar el diálogo con el alcalde Sergio Chávez para que este explique el proyecto de la nueva Estación de Transferencia Metropolitana Oriente y aclare quienes son los vecinos que lo apoyan para la construcción de esta, habitantes de Jauja y Santa Rita denuncian agresiones de la policía de Tonalá y del estado.

Según Armando Bañuelos integrante de la Brigada Comunitaria de Urbi, los vecinos les hicieron una invitación al edil para mantener un diálogo pero este nunca llegó, por dicha situación decidieron bloquear la carretera libre a Zapotlanejo y Santa Rita, ahí señalan que fueron violentados por los elementos para que liberarán las vialidades.

"Y lo más grave del asunto es que en lugar de dialogar o mandar un puente de comunicación o establecerlo Lo que mandan son policías que ahora nos dimos cuenta de que ahora Enrique Alfaro le entra a este proyecto y manda policía del estado sin ninguna intención de dialogar les pedimos hablar con la gente de Secretaría de gobierno y no lo hicieron no había nadie lo único que hicieron fue querernos replegar con el uso de la fuerza y obviamente no caímos en provocaciones pero si hubo forcejeos sí lastimaron a algunas de las señoras que estuvieron participando Y eso es algo totalmente reprobable lo que está implementando tanto Sergio Chávez como el gobernador Enrique Alfaro" señaló Armando Bañuelos, integrante de la brigada comunitaria de Urbi.

Los habitantes de la zona oriente se dicen cansados del actuar de las autoridades, es por ello que lanzaron el reto al alcalde Sergio Chávez para realizar una consulta pública para ver quien si y quien no está de acuerdo con la instalación de la nueva estación de transferencia Metropolitana Oriente.

Para dicha consulta buscarán la asesoría del INE o cualquier organismo que los apoye y brinde la seguridad de un resultado verdadero.

Las personas que se dicen lesionadas por el actuar de la policía de Tonalá y estatal acudirán a la CEDHJ para interponer una queja, pues no consideran justo que las autoridades no tengan protocolos de actuación indicados para tratar con personas que hacen uso del derecho de la libre manifestación.