Guadalajara, Jalisco.

Debido a la inacción que ha mostrado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) respecto a la queja que interpusieron vecinos de la Floresta en Zapopan por el desalojo y la demolición de casas en las inmediaciones del Arroyo Seco durante abril pasado, hoy acudieron a clausurar las instalaciones de este organismo.

Para la clausura, colgaron fotografías y notas periodísticas del desalojo a la entrada de las instalaciones del organismo.

Jesús Arturo López, representante de los afectados por estas demoliciones, detalló que esas quejas fueron interpuestas el 29 de abril y el 3 de mayo al considerar que los tres niveles de gobierno violaron sus derechos humanos con este desalojo, pero la semana pasada acudieron a la Comisión a fin de conocer los avances y ni siquiera encontraron el expediente.

“Ya hablamos con ellos, lo cual nos dijeron que desconocían del caso, por el cambio de administración, que ellos no conocían del caso, que les diéramos tiempo para volverlo a retomar y es por eso la clausura, porque no es posible que a cinco meses de lo que pasó, ellos no tengan ningún avance”.

La madrugada del 27 de abril comenzó el operativo Miramar a Salvo por parte de las autoridades municipales, del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con la justificación que se encontraban en una zona federal y de riesgo por el inicio del temporal, pues el año pasado se suscitaron inundaciones a causa del desbordamiento de este arroyo.

Arturo López aseguró que desde entonces no tienen respuesta de ninguna autoridad para reubicar a las 100 familias que vivían en las 50 casas demolidas.

“Hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta por parte de los tres niveles de gobierno, solamente hay por parte de Bienestar, de Gobierno federal, nos agregaron a un apoyo social que es de vivienda para tratar de reubicarnos, pero hasta ahorita no hay terrenos, no hay donde reubicarnos y es toda la ayuda que hemos recibido. Tuvimos muchas mesas de diálogo con el ayuntamiento, primeramente, después buscamos al Gobierno de Jalisco, hasta que ellos ya por último nos dijeron que ellos no podían ayudarnos, que ellos no tenían por qué ayudarnos, que no era su responsabilidad y que ellos se limitaban solo a apoyos sociales”.

En la queja se denuncian las violaciones a derechos humanos por la manera en que se realizó el operativo, irrumpiendo en casas con fuerza, brutalidad y sin orden de desalojo.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha querido hacerse responsable de reparar los daños y de la reubicación, pero será el próximo 29 de septiembre cuando se resuelva un amparo interpuesto por los vecinos para obligarlos a cubrir esta parte.

Katya Marisol Rico, cuarta visitadora de la Comisión, aseguró que sí tienen el expediente y tiene avances en lo local, y otras se derivaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin dar mayores detalles, dijo que emitieron medidas cautelares, hay respuesta de 14 autoridades a quienes les solicitaron información, abrieron actas de investigación y “más actividades”.