Guadalajara, Jalisco.

Se cumplieron seis meses del día en que a 70 familias de la colonia La Floresta del Colli, les destruyeron sus viviendas, situadas junto al arroyo Seco, al poniente de Zapopan.

Del amanecer del 27 de abril a la fecha, el Ayuntamiento de Zapopan, el gobierno de Jalisco y la federación

han sido omisos en responder a las pérdidas que les generaron a las familias

Muchas de ellas migrantes de pueblos originarios.

Además de que les quitaron sus fincas, perdieron menaje de casa, ropa y hasta herramientas de trabajo, porque algunos trabajaban como carpinteros o hacían trabajo artesanas.

Arturo López Ramírez, uno de los que perdieron todo, afirmó que ellos estaban en proceso de que se les escrituraran sus terrenos. Incluso, obtuvieron del Registro Agrario Nacional (RAN), mapas certificados de que esos sitios estaban reconocidos por el Ayuntamiento de Zapopan, como área habitacional, por lo que no eran predios irregulares.

“Fuimos a Zapopan, les enseñamos el mapa y les dijimos ‘no que estábamos irregulares’. Ahí les enseñamos que ellos firmaron el terreno como asentamiento humano.

Estos terrenos tenían ya la autorización de Zapopan para fincarse, estaban reconocidos como asentamiento humano”, dijo.

Varios vecinos señalaron que habían hecho los pagos respectivos ante la autoridad federal para obtener escrituras por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

Lourdes Simón Vázquez, madre soltera con tres hijos, relató que desde hace seis meses cuando perdió su vivienda con dos cuartos, ha sufrido para sobrevivir, ya que ahora tiene que pagar renta.

“Yo también me tumbaron mi casa, que yo con mucho esfuerzo lo compré. Soy madre soltera, llegaron del gobierno y nos tumbaron las casas. Ahorita estoy batallando, estoy rentando y se me está haciendo muy difícil, la verdad. Tenía cuatro años viviendo en mi casa, con tres hijos. Ahorita estoy rentando aquí cerquita, pero se me está haciendo muy difícil pagar renta y la escuela y todo”, expresó.

Los vecinos de La Floresta del Colli le piden al gobierno de Zapopan, al gobierno de Jalisco y al presidente Andrés Manuel López Obrador, que:

no se olviden del despojo que les causaron

Y que atiendan los reclamos de las familias afectadas, a seis meses de aquel amanecer del 27 de abril, día en que entraron máquinas a destruir sus propiedades y los dejaron sin lo indispensable para vivir.

La Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) no ha dejado solos a los afectados y ha realizado diversas jornadas de salud comunitarias, así como acompañamiento para exigir que las autoridades atiendan sus reclamos.