Guadalajara, Jalisco.

Desde esta mañana, se llevan a cabo en el Congreso del Estado las entrevistas de aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano de Desaparecidos, quienes en su mayoría coinciden en la necesidad de un órgano de este tipo ante las omisiones e irregularidades que se cometen en las instituciones de búsqueda al acudir a denunciar las desapariciones.

La pasarela ante diputados locales incluye a 22 candidatos, de los cuales deberán elegirse a cinco familiares, tres especialistas en la protección de derechos humanos y tres personas representantes de la sociedad civil, a más tardar el próximo 5 de mayo, fecha en que a su vez deberá conformarse el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda.

Angélica Vargas Rodríguez, familiar integrante del colectivo Por Amor a Ellxs, expuso a los diputados locales que las omisiones en las dependencias son provocadas por la escasez de presupuesto a estas dependencias.

“Las madres la hacemos de peritos y de policías investigadores y aún así no hay avances cuando vamos a preguntar a Fiscalía cómo van nuestras carpetas, sin contar todos los cambios del MP, policías investigadores, que en mi caso van 14 y solamente conozco a cinco de ellos”.

Parte de las funciones de este comité será emitir recomendaciones a las autoridades estatales para acelerar acciones de búsqueda, ampliar sus capacidades periciales y forenses, así como dar vista de las irregularidades cometidas por servidores públicos y compartirles los aportes de las familias a las carpetas de investigación para que se tomen en cuenta.

Marta Leticia García, del colectivo Entre el Cielo y Tierra, insistió en el desconocimiento de muchas familias sobre qué hacer ante una desaparición por la falta de orientación en las instituciones de búsqueda, algo que se agrava más en el interior del estado.

“Quiero que se imaginen un poquito cómo se sienten las familias al interior del estado, donde muchas no saben que existe una comisión estatal de búsqueda, mucho menos una nacional, donde la familias no saben que existe un CEEAV, donde las familias no saben que pueden acudir a la comisión de búsqueda aún sin tener denuncia o que puede ir al IJCF a que le saque una prueba de ADN sin tener una denuncia”.

Quienes sean nombrados por el Congreso del Estado tendrán cargos honoríficos por tres años y no deberán desempeñar cargos públicos. El Ejecutivo es quien dotará a este Consejo de financiamiento para gastos de operación e infraestructura para el desarrollo de sus sesiones bimestrales.