Guadalajara, Jalisco.

A cinco años de su creación, el Sistema Estatal Anticorrupción debe hacer cambios para recuperar sólo aquello que ha servido y operar con una lógica distinta, pues pese a que hay avances y acciones contra la corrupción administrativa, la sistemática aún no tiene buenos resultados, aseveró Jesús Ibarra Cárdenas, al rendir su informe por final de su gestión como presidente del Comité de Participación Social (CPS).

Reconoció que el diseño institucional actual no permite un control “aceptable” ni la investigación de la corrupción de alto impacto, aquella relacionada con el poder político, económico y el crimen organizado.

“En Jalisco, el Sistema Local Anticorrupción ha mostrado sus alcances, sus limitaciones, es eficaz para controlar la corrupción administrativa, ha mejorado significativamente la gestión pública en los dos niveles de gobierno, estatal y municipal, sin embargo, creo yo que es momento de dejar atrás los sistemas anticorrupción, tal y como los conocemos. Esto significa recoger lo que ha servido y mejorar sus alcances, su capacidad e incidencia, es decir, empezar con una lógica distinta”.

Dijo que hay riesgos importantes en este tipo de corrupción como la extensión de grupos delictivos al margen de las autoridades o en convivencia con ellas, así lo ha demostrado el profundo problema que enfrentan las corporaciones de seguridad en ese sentido.

“Y creo además que lo que supone una mayor amenaza en estos momentos, como lo han dado a conocer los documentos de Guacamaya, es

la articulación entre política, empresarios, crimen organizado.

Si entendemos la corrupción como captura, como captura del espacio público, esta triada ya está carcomiendo la institucionalidad del Estado, está entre nosotros. Lo más importante es desmantelar estas redes de corrupción, su estructura que es institucional, que tiene vida propia y que tiene que ser extinguida en materia penal y en materia civil”.

Algunos temas que aún están pendientes son:

• La reforma anticorrupción 2.0.
• Un modelo abierto de compras gubernamentales.
• La Ley de Designaciones Públicas.
• Una Unidad de Inteligencia Financiera para la Fiscalía Anticorrupción.
• Una Fiscalía Autónoma.

Parte de los avances mencionados por Ibarra Cárdenas tiene que ver con la corrupción administrativa, los pagos, trámites, solicitudes de servicios, entre otros; algo que consideró que se ha hecho bien desde el Sistema.

Eso lo demuestra la Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI) del INEGI, pues pese a un aumento de la percepción de la corrupción de 6.5 por ciento de 2019 a 2020, la tasa de víctimas de este delito descendieron 24.3 por ciento.

Además, la implementación en los Sistemas Municipales Anticorrupción son un ejemplo de que algo se ha hecho bien y que ha logrado un poder instituyente y capacidad para implementar cambios. También hay un proyecto de regionalización al interior del Estado.

La creación de un Código de Ética, la intervención en el tema de A Toda Máquina, un tres de tres para candidaturas, un manual de compresión de sentencia y la defensa de la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción, son acciones que destacó Jesús Ibarra del CPS.