Guadalajara, Jalisco.

Tras la aprobación de una reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual suprime el pago de honorarios a los integrantes del Comité de Participación Social (CPS), la Universidad de Guadalajara (UdeG) se une a la defensa de este organismo, al argumentar que sus integrantes ejercen “responsabilidades públicas de importancia considerable”.

En una carta dirigida al Congreso del Estado y a la opinión pública, la UdeG también se dijo preocupada por la aprobación, en comisiones, de la iniciativa de Reforma 2.0 que faculta a la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción para remover a los integrantes del CPS.

La casa de estudios asegura que ambas reformas son contrarias al combate a la corrupción, pues “ninguna medida contra la corrupción tendrá éxito si se excluye a la sociedad”.

“Estas reformas debilitan al Sistema Estatal Anticorrupción porque debilitan la independencia, la autonomía y, por tanto, el contrapeso institucional del ente ciudadano dentro del sistema anticorrupción, que no sólo lo integra, sino que lo preside y le da sustancia”, se lee en la carta enviada por la institución.

La UdeG solicita al Congreso de Jalisco que no se apruebe la Reforma 2.0 sin que antes sea discutida por las organizaciones civiles que participaron en las mesas de la reforma en 2019, académicos universitarios y la iniciativa privada.