Guadalajara, Jalisco.
Al considerarla como alarmante, preocupante, con mentiras, pifias jurídicas y hasta violenta, el Consejo General Universitario (CGU) rechazó la respuesta que el Gobierno de Jalisco les hizo llegar sobre el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales y acordó nuevas acciones para continuar con la defensa de la autonomía universitaria.
El Rector General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, explicó a los consejeros la argumentación jurídica y presupuestal que la Comisión Especial de Diálogo dio a los integrantes del Ejecutivo, y cómo a pesar de ello no entendieron la facultad que tienen para reprogramar el dinero de sus dependencias, pero no a un ente autónomo.
La respuesta que se recibió, afirmó el rector, intenta confundir y es “alarmante”. Además, parece que no se entiende la división de poderes.
“Y me parece que este oficio lo único que logra es confundir con muchísimos argumentos y artículos que nos regresan al mismo planteamiento que nosotros venimos haciendo. Cuando lo empecé a revisar, al principio me pareció una falta de respeto a este consejo, que, si nosotros preguntamos sobre un tema, ellos nos contesten sobre otro”.
El Rector pidió al Gobierno estatal que le explicaran en qué artículo de qué ley se estipula la facultad del gobernador para reorientar recursos de organismos autónomos. Lamentó que el oficio con esta respuesta no esté firmado por el gobernador Enrique Alfaro, y sí por otros funcionarios que son usados para implementar una estrategia política, que pone en riesgo su patrimonio.
Según Villanueva Lomelí, si se le hubiera instruido a reprogramar ese dinero cuando estuvo en el cargo de secretario de Finanzas, durante la administración de Aristóteles Sandoval, él hubiera renunciado antes de hacerlo.
La consejera Mara Robles consideró que, con esta respuesta, se ve un “bajísimo nivel de debate político”.
“Perdónenme: una universidad que no tenga museos no puede ser llamada Universidad, y eso es lo que no entienden los burócratas administrativistas, que efectivamente quieren justificar una agresión a estos principios universales con una reglamentación de tercer nivel en el método de análisis de las leyes, y nosotros no somos una dependencia de Gobierno; nosotros somos una universidad pública”.
El consejero Javier Armenta catalogó de “mentiras” este documento, al no haber argumentos con lógica en él.
“Es mentira lo que, desde mi punto de vista, responde el Gobierno de Jalisco; es ilegal y también no es correcto por los fines que se persiguen, y en segundo término, también quiero mencionar que me parece muy lamentable que el Gobierno del Estado de Jalisco tenga que recurrir a esta situación, porque ha malgastado el recurso público del Estado, nos han endeudado muchísimo, más de 11 mil millones de pesos en lo que va de esta administración, particularmente el crédito de seis mil 200 millones de pesos con la justificación de la pandemia”.
Además de rechazar el oficio del Gobierno del Estado, el Consejo tomó otros acuerdos como pedirle al gobernador que firme la respuesta, fortalecer las acciones para la defensa de la autonomía universitaria, ampliar la solicitud de audiencia a los 38 diputados locales, y en caso de aceptarse desde el Ejecutivo, integrar un grupo que se reúna para dialogar sobre el fideicomiso de la UdeG, del cual les piden tomar el recurso para el Museo y ampliar la recolección de firmas a 250 mil.