Guadalajara, Jalisco.

Tras la aprobación de la reforma que puso un tope de 106 mil pesos a las pensiones que reciben los servidores públicos en Jalisco, y estipula recortarlas a aquellos que reciben un monto mayor a ese, suman 17 ex funcionarios jubilados que se amparan para que no les aplique este último punto.

El director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), Héctor Pizano, confirmó que les ha llegado hasta el momento esa cantidad de recursos jurídicos, que aún tienen pendiente una resolución definitiva.

“Nosotros acataremos la resolución de los tribunales. Si determinan que hay suspensión, no se les podrá hacer el descuento. Se les va a pagar apenas (su pensión completa)”.

Entre los inconformes con este recorte se encuentran el ex gobernador panista, Francisco Ramírez Acuña, el ex legislador priista, Jesús Casillas Romero, la ex magistrada Patricia Campos González, el ex alcalde de Guadalajara Eugenio Ruiz Orozco, y el ex magistrado electoral, José de Jesús Angulo, entre otros.

Justificó que la reforma para recortar esas pensiones doradas está basada en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esperan ganar en el análisis de fondo.

Y añadió que, mientras se resuelve, no tienen otra opción más que darles el mismo recurso.

“Es su derecho, pero sí esperábamos todos más en el fondo solidario, y yo creo que 106 mil pesos era una muy buena cantidad para una pensión, pero es su derecho y lo hacen valer y esperemos que lo resuelvan los tribunales”.

Para quienes no se ampararon, el recorte aplica a partir de este mes y el Ipejal espera generar un ahorro de 40 millones de pesos.

El director acudió al Congreso del Estado para continuar con la discusión de 14 reformas que quedan pendiente, a fin de darle viabilidad financiera a este instituto.