Imagen: Transmisión en redes sociales
Guadalajara, Jalisco.

La aceptación y suspensión que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la controversia constitucional que interpuso, tras el intento de recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales, le prohíbe al Gobierno del Estado usar o reorientar ese recurso, advirtieron autoridades universitarias.

El Rector General de esta institución, Ricardo Villanueva Lomelí, aclaró que, si bien la Corte aún no resuelve el fondo del asunto, sí ordena al Ejecutivo regresar ese monto a la partida de origen.

“Lo que sí mandato la Suprema Corte, y hay que decirlo con claridad, es que ese dinero debe salvaguardarse y estar en la partida de origen, y que cualquier acuerdo que se haya realizado, cualquier acto para mover ese dinero. Si el dinero todavía está, debe quedarse, y si no, debe de reintegrarse a la cuenta de la Secretaría de Hacienda todavía, y quiero ser muy claro, evidentemente la Suprema Corte todavía no le ha dicho al Gobierno del Estado que nos tiene que dar el dinero a la Universidad”.

Villanueva Lomelí hizo esta aclaración ante el comunicado del Ejecutivo, que, dijo, intenta confundir y pone en la mesa una vez más un falso debate.

El abogado general de la UdeG, Juan Carlos Guerrero, también explicó que esta controversia puede tener mucho significado para las universidades públicas y la autonomía universitaria. Por lo pronto, la suspensión tiene varios alcances.

El efecto de la suspensión es tal que incluso dice que, llegando el 15 de enero, no se proceda a reintegrar los recursos a la TESOFE, ¿qué quiere decir? Que la ministra dice: ese dinero se queda ahí, se queda salvaguardado en tanto resolvemos el asunto de fondo y no les aplica, para el caso de ese recurso específicamente, la Ley de Disciplina Financiera. Recordarán que el rector lo ha expuesto: es dinero federal y, por tanto, dice la ministra: se queda hasta que se resuelva el fondo de esta controversia”.

Adelantó que no repararán en denunciar un posible desacato del Ejecutivo en caso de que decida no salvaguardar este recurso como lo mandata la suspensión de la Corte

El Rector General lamentó que exista una “cerrazón” del Ejecutivo, a quien nuevamente le hizo un llamado a terminar con este conflicto jurídico regresándole ese recurso a la Universidad, pues cuentan con fondos suficientes para la construcción del Museo y el Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.

Consideró que el gobernador no puede poner a competir dos obras importantes cuando ha reasignado ocho mil millones de pesos, hay un subejercicio estatal, la contratación de una deuda por seis mil 200 millones de pesos y se debe considerar el recorte a gastos de comunicación social o a su nómina; es decir, tiene bastante dinero por ejercer y hay suficiente para ambos proyectos.

Fatima Aguilar

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