Guadalajara, Jalisco.

Dado que el diseño institucional de la administración pública en Jalisco no es lo suficientemente robusto como para rastrear y sancionar en tiempo real los actos de corrupción o sustracción de recursos de manera ilegal, el Estado requiere crear una Unidad de Inteligencia Financiera como la que opera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Así lo sugirió Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en entrevista con Señal Informativa.

"Todavía nuestro diseño institucional no es lo suficientemente fuerte para recuperar los activos, reclamarlos (…) hasta ahora lo que resulta más efectivo es señalar a los responsables y sancionarlos eventualmente. Yo creo que ahí va a haber buenas noticias; de hecho, ya las hay porque se destapa este caso. Lo más complejo es recuperar los activos sustraídos ilegalmente o desviados".

Afirmó que, con un área así, sería posible recuperar los fondos que afectan la operatividad del Estado, como sucede con las llamadas pensiones doradas que gozan actualmente decenas de ex servidores públicos, y entre las que se encuentra la del futuro diputado por Morena, José María Martínez.

Sin embargo, atinó en que la exposición mediática de estos casos pone a prueba las herramientas con las que cuenta la Entidad para ver qué es lo que falta y modificar los instrumentos jurídicos a fin de que éstos generen resultados.

"Toda la información viene por una investigación periodística, en la que desde luego Canal 44 y otros medios han participado de forma determinante, pero por información de auditorías internas. Es decir, está funcionando el esquema de que la contraloría y los órganos internos de control recurrentemente hagan auditorías a las pensiones, a las inversiones, a todo lo que tiene que ver con Ipejal. Esto no ocurría hace un par de años, cuando todavía no se indagaba el esquema del sistema. ¿Entonces qué pasaba? Pues que estas cosas no se conocían; solo se sabían entre el pequeño grupo de funcionarios que cometía estas irregularidades".

Afirmó que la situación financiera actual del Instituto de Pensiones del Estado no solo es consecuencia de las pensiones doradas, sino de inversiones fallidas que hoy ponen en riesgo el patrimonio de los trabajadores del Estado.

Finalmente, expuso que desde el Comité de Participación Social se hace un seguimiento a los temas de corrupción, lo que les permite solicitar la información a instancias como la Contraloría estatal o el órgano interno de control de cada dependencia para “ponerle lente al caso y evitar que se oculte o debajo de la mesa haya cosas extrañas”.