Guadalajara, Jalisco. 

Organizaciones no gubernamentales presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y una solicitud de medidas cautelares, así como la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ante el inminente traslado de reos del Penal de Puente Grande en Jalisco.

De acuerdo con datos del último cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, se trata de 376 reclusos que serán trasladados a distintos centros penitenciarios. Esta mañana, 18 camiones y elementos de la Guardia Nacional llegaron al Cefereso número de 2 de este complejo para realizar las reubicaciones en Nayarit, Michoacán o Guanajuato.

Ante tal situación y el temor de los familiares, la ONG Documenta-análisis y acción para la justicia social A.C, llama a observar en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos de los reos, pues los traslados penitenciarios representan uno de los momentos de mayor riesgo para la comisión de tortura y malos tratos, el uso excesivo de la fuerza, el abuso de autoridad e inclusive las desapariciones forzadas.

Advierten además que de no realizarse con apego a derecho, los traslados pueden afectar los procesos penales y su derecho a la comunicación con sus personas defensoras y familiares. Y es que los trasladados se encontrarán, durante largo tiempo, solos, incomunicados, aislados y en espacios poco visibles.

Por ello Documenta presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que solicite a las autoridades que se respeten los derechos humanos de las personas trasladadas y su dignidad humana.

También presentaron una solicitud de medidas cautelares y la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) para que se prevenga la comisión de este delito durante el o los traslados.

Piden que se informe a las familias sobre el día y hora de traslado y a qué centro serán llevados, se notifiquen los traslados en 24 horas a jueces de ejecución para calificar su legalidad. En el caso de sentenciados, garantizar su traslado al centro penitenciario más cercano a su domicilio y que lleven a cabo los traslados de forma adecuada, resguardando la integridad de las personas y evalúen el estado físico y de salud, además de cuidar el tema de posibles contagiados por el COVID-19.