Guadalajara, Jalisco.

Se ha intentado todo desde afuera, menos los cambios cruciales adentro, es a grandes rasgos el estatus del Gobierno de Jalisco en materia de derechos humanos y particularmente sobre la desaparición de personas, pues con el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de la SEGOB, se reveló que sólo en 2018 el primer año de gobierno de Enrique Alfaro se denunciaron más de 2 mil desapariciones, provocando que el estado ocupe el lugar número uno sobre la violación de derechos considera de lesa humanidad.

Desde 2010 organizaciones como el CEPAD alertaban que las estadísticas colocaban a Jalisco como puntero en desapariciones; el reclamo no solo es por no detener el delito sino por la negación al acceso a la justicia pues de casi 10 mil personas en calidad de desaparecidos o no localizadas, solo hay tres casos judicializados.

Al iniciar el sexenio de Enrique Alfaro hubo un cambio de discurso, escaseó la información, no se sabe los grupos delictivos que operan en el estado, la estrategia de investigación y hay 99% de impunidad a decir del defensor de derechos humanos quien define un rompimiento del gobierno con la sociedad civil organizada.

A que Jalisco ocupe el primer lugar de entidades con personas desaparecidas, se suma el recurso etiquetado para búsqueda y atención de la crisis con la disminución de 28 millones de pesos en el paquete aprobado por los diputados.