Guadalajara, Jalisco.

Ha pasado un año desde los abusos de autoridad y desapariciones forzadas cometidos por policías estatales, así como agentes de la Fiscalía del Estado en contra de jóvenes, en el marco de las protestas por el asesinato de Giovanni López, y en ambos casos, el sello es la impunidad.

El 5 de junio ocurrió el llamado Halconazo Tapatío, un hecho en el que agentes de la Fiscalía Estatal desaparecieron jóvenes que buscaban manifestarse afuera de esta dependencia para pedir que fueran liberados los detenidos un día anterior durante una manifestación por Giovanni López.

Fueron alrededor de 50 jóvenes a quienes policías investigadores detuvieron de manera arbitraria cuando se dirigían a la manifestación, los llevaron incomunicados a las instalaciones de esta dependencia por más de dos horas y luego los dejaron abandonados en colonias de la periferia sin sus pertenencias. Al día de hoy, no hay ningún servidor público sancionado ni una aclaración de lo sucedido.

La Fiscalía Anticorrupción es quien lleva las indagatorias, se investigan como abuso de autoridad, no como desapariciones forzadas, y a un año, su titular, Gerardo de La Cruz Tovar, reconoce que sólo un servidor público, Salvador N, permanece en prisión, pero podría quedar también en libertad, tras solicitar una suspensión condicional del proceso para ser liberado al igual que Raúl N.

“A nosotros nos han corrido traslado y ya está esto presentado ante el juez y estamos en ese proceso de llevar a cabo alguna audiencia, en la que se resuelva la procedencia o no de este beneficio. Nada más una persona en este momento, los otros están vinculados, pero en libertad, suspendidos de su relación laboral, los otros de los siete, se vinculó cuatro, estos cuatro se determinó su suspensión de las labores y de los otros no, estamos en espera de audiencia”.

Una sensación de impunidad, de amenaza constante por tener una denuncia en contra de agentes de la Fiscalía Estatal, es lo que prevalece entre las víctimas de las desapariciones forzadas de ese día. Habla uno de ellos, quien prefiere mantener el anonimato.

“La sensación de estar bajo amenaza pues es vigente, a pesar de que la gente ya no lo hable, ya no lo diga, yo al menos que ellos saben que yo tengo demandada a la Fiscalía por este delito, pues sí hemos recibido desde mi familia o en lo personal, sí han pasado ciertos hechos que no me permiten estar tranquilo”.

En total son seis agentes de la Fiscalía Estatal vinculados a proceso por estos hechos, y aunque cinco de ellos sigan su proceso en libertad, uno más, Raúl N, esté a punto de concluir su proceso penal, no se haya logrado vincular a tres más y no existan una aclaración pública de lo sucedido, el fiscal anticorrupción defiende que no se puede hablar de impunidad en el caso.

“Estaríamos hablando de impunidad sino estuviéramos llevando a nadie ante el juez, pero nosotros hemos llevado prácticamente a nueve personas ante el juez, de esas nueve personas hay seis que están vinculados, uno de ellos todavía en prisión y hay otras dos personas que no les digo que los llevamos ante el juez, pero la carpeta ya se presentó ante el juez y estamos en espera de fecha para que comparezcan ante el juez, en consecuencia serían 11 personas las que hemos llevado ante el juez y son mandos, no son policías razos”.

Algo en lo que no coincide otra de las víctimas de estas desapariciones forzadas durante el 5 de junio, quien además insiste en que el delito debe ser investigado como tal y no como abuso de autoridad.

“No es que queramos ver gente 60 años en la cárcel, o sea, no es ese el problema, sino que desde cómo está siendo investigada, cómo fueron clasificados los delitos, lo que genera es justo esto que es más impunidad y también riesgo para las personas que vivieron estos hechos y muy poca confianza para las personas que faltan por denunciar, denuncien porque sí sabemos, por la cantidad de personas afectadas ese día, no todas han puesto su denuncia”.

Son cinco carpetas de investigación sobre estos hechos, que incluyen un total de 25 víctimas, cuatro por el 5 de junio y una más para revisar la actuación de servidores públicos en el caso de Giovani López.

En esta última, la Fiscalía Anticorrupción acepta que no hay avances, aunque su titular justifica que se debe a una falta de participación por parte de los familiares de Giovanni, quienes ni siquiera viven ya en Ixtlahuacán de Los Membrillos.

Sobre el proceso contra los policías municipales acusados de este asesinato, la Fiscalía Estatal tampoco ha informado avances.