Guadalajara, Jalisco.  

“Ya son tres años que metí documentos para la Declaración de Ausencia, un año, ya un año, dos meses de que me están así con este papel para entregármelo y pues no me lo han entregado [...] No sé si con la declaración de ausencia pueda arreglarlo. Ahí está eso, lo de la casa del Infonavit, que usted sabe que a veces no se tientan el corazón y vienen y te sacan, y ¿a dónde voy a dar con mis niños a la calle, sola sin trabajo? [...]Como no hay un acta de defunción como tal, pues no tengo derecho a pensión y mis hijos quedan desprotegidos”.

Este delito es una conducta criminal que tiene a más de 15 mil personas en esa condición a nivel estatal, lo cual no solo implica a las familias batallar con las omisiones de búsqueda, las irregularidades en las investigaciones o en la identificación de cuerpos ante la saturación de los servicios forenses, la estigmatización y la criminalización, también se enfrentan a complicaciones jurídicas y económicas graves, que pocas veces se dimensionan, y la autoridad hace muy poco por atenderlas y aligerar el camino.

Desde marzo de 2021, Jalisco cuenta con una Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. En teoría, esta debe hacer menos burocráticos los procesos jurídicos para las familias. Y a más de un año, su implementación es casi nula e incumple con lo más básico.

“Aparte de la pena y el dolor, y de las enfermedades que esto conlleva y a la desintegración muchas veces de las familias, tenemos que toparnos con estas dificultades jurídicas, legales, de trámites, de repente, bancarios, hipotecarios, de una casa, de un vehículo; o sea, del registro de un hijo, de darle esa identidad tan valiosa para ellos. Entonces, no solamente se los llevan a ellos, pues se llevan la vida de las familias”.

¿De qué habla Martha Leticia García, coordinadora del colectivo Entre Cielo y Tierra?

De la falta de interés desde las autoridades estatales para ayudarlas a resolver esas complicaciones jurídicas, lo cual está sustentado en estadísticas.

Desde marzo de 2021 hasta julio de 2022, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reporta haber brindado asesorías para iniciar con este proceso en algún juzgado del Poder Judicial a dos mil 454 familiares, mientras que desde que se aprobó esta legislación, el Consejo de la Judicatura asegura tener apenas 15 sentencias definitivas para emitir una declaración especial de ausencia de este tipo.

Esto es, apenas 0.6% de las víctimas puede acceder a este beneficio jurídico.

 “La mayoría de las personas desaparecidas son hombres proveedores de la familia. Entonces, era el que seguramente trabajaba. Tal vez la esposa también lo hacía, pero digamos que el principal peso estaba en el proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Si tenía un crédito en el Infonavit, si tenía un crédito hipotecario, si tenía una renta que recibía, si tenía su propio salario, si los niños tenían que ir a la escuela, si quieren sacar un pasaporte, si la esposa o compañera estaba embarazada, y en el inter nace el pequeño o la pequeña, todo eso se queda congelado en el tiempo”.

Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO, recordó que la intención de esa legislación es, precisamente, incluir un proceso civil sencillo para las familias, que les permita tener, en seis meses, una sentencia y que se responda de manera provisional a la necesidad de administrar los bienes o patrimonios de la persona desaparecida, así como garantizar que, pese a no estar, los derechos de esa persona continúan.

“Mi hijo está desaparecido. La denuncia está como vehículo desaparecido con persona a bordo. Se llevan a mi hijo, se llevan el vehículo y queda la deuda del vehículo, que yo he tenido que pagar al 100 porque jamás salió el juicio especial de ausencia. Yo terminé hace dos años de pagar el vehículo y todavía no tengo un juicio de declaración de ausencia”.

César Ulises Quintero, un joven estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG) e hijo de Martha Leticia García, desapareció en agosto de 2017.

Pero, ¿cuáles son los principales incumplimientos de esta legislación? ¿Por qué una de las leyes más avanzadas del país no funciona después de más de un año? ¿Qué falta para una verdadera aplicación?

“Y entonces, las familias no tienen ahora nada más que sufrir el no conocer el paradero de su ser querido, el no saber quién se lo llevó, por qué se lo llevó, que son derechos básicos, sino que ahora también, aunque quieran estar volcadas solamente en la búsqueda, pues tienen que resolver todos estos trámites que inician a partir de la desaparición de la persona”.

No se pierda mañana, una segunda parte de este trabajo especial: Familias sin vida