Restricciones por pandemia violentan derechos de los ciudadanos
Fotografía: UdeG




Guadalajara, Jalisco. 

Durante la pandemia de coronavirus se restringieron muchos derechos fundamentales de los ciudadanos como el libre tránsito, la reunión y hasta el trabajo, pero, ¿es esto justo? Y ¿qué implicaciones podría traer?

Para Laurentino López Villaseñor, magistrado presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, debido a que no fue una decisión tomada por el Congreso de la Unión como lo ordena la Constitución mexicana, se trata de actos que dan indefensión al gobernado pues el Poder Ejecutivo no tiene estas facultades por lo que resultan ilegítimas las ordenes giradas por los secretarios de estado, gobernadores y presidentes municipales.

Según el magistrado, el hecho de que un gobernador determine por ejemplo el cese de actividades económicas por considerar que giros son o no esenciales y niegue la oportunidad de trabajar, conlleva incluso a daños patrimoniales que la sociedad puede demandar al estado.

Sin embargo, debe plantearse si son necesarias, según dijo, las restricciones impuestas y si éstas son alegadas a derecho.

Todos los actos administrativos, es decir, aquellos que ejecutan las presidencias municipales, los gobiernos estatales, la federación y cualquier órgano que emane del Poder Ejecutivo, deben estar fundadas y motivadas en apego a la Constitución mexicana y los procedimientos que se contemplan en las leyes que de esta emanan, de lo contrario tienen implícita una nulidad.

Por ello, resaltó que todos los que han sufrido algún tipo de lesión en sus derechos derivado de las acciones para el control de la pandemia del COVID-19 están en posibilidad de tomar acciones legales, ya sea a través del juicio de amparo o en juicio de nulidad, incluso, con la demanda de daño patrimonial, sin embargo, la misma crisis sanitaria vuelve a dejar en estado de indefensión a los gobernados al restringirse también el acceso a la justicia.

Y es que al momento, el Tribunal de Justicia Administrativa está cerrado y no será sino hasta el 15 de junio cuando pueda recibir demandas y de forma gradual, hasta el 1 de julio, que regresará a funcionar con normalidad.

Lo anterior formó parte de una del ciclo de conferencias organizado por la Barra de Abogados México Americanos (Mexican American Bar Association) transmitido a través de sus redes sociales.