Guadalajara, Jalisco.

Cuando la escena de un ministerio público en la Fiscalía Especial de personas Desaparecidas siendo burlón, omiso, lento y desinteresado en el drama que atraviesan las familias cuando acuden a interponer una denuncia por desaparición, se repite como Cinta de Moebius, lo que queda a las víctimas indirectas –como las llama la ley en la materia-, es reinventar la búsqueda y localización de sus seres queridos, bajo dos sensaciones a flor de piel: miedo y rabia.

“Tenemos hostigamiento institucional en todos los niveles, no podemos parar. Tuvimos
que ir a la Ciudad de México para que la Secretaría de Gobernación (SEGOB), nos
metiera al Mecanismo de Defensores y Periodistas; hablo por mí: es mi hijo, no puedo
parar (…) a pesar de que el ejecutivo del estado nos ataque, nos quiera denostar,
incriminar a mí, a mi hijo y las demás familias no vamos a parar”.

El hijo de Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza, fue sacado de su domicilio por un grupo armado, se presentaron como agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado. 

Esa desaparición forzada cambió el día a día de un padre que frenó su vida para vivir en el multiverso de la búsqueda: se articula con otras familias víctimas del mismo delito y hace que retumbe el centro de la tierra hasta que, de ahí mismo o la cárcel, si es probable, salga su hijo y los miles de mujeres que faltan, niños, otros jóvenes.

 

Fotografía: ULISES RUIZ / AFP

“Tenemos bien identificada la violencia institucional que se ejerce tanto del Congreso del Estado al no legislar leyes en la materia. La quita de las fichas, siempre que llegamos a pegar, llega la Policía Municipal a querer presionar para que se vayan y después de la presión incluso de pedir ayuda a los medios ya llega otra patrulla y ´estamos para servirles´, pero siempre se ejerce todo tipo de violencias contra las mamás y papás y contra los desaparecidos”.

Pero para el Gobierno de Jalisco y los municipales como el de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, que el Colectivo Luz de Esperanza se organice para pegar fichas con rostros de personas desaparecidas en espacios altamente visibles, le representa una falta administrativa que lo lleva a la arena de un daño turístico. 

No, no es broma. Aunque la constitución de México nos dota del derecho a la libre asociación y la protesta, aunque por ley las autoridades de los tres niveles de Gobierno están obligadas a movilizarse hacia la búsqueda de personas, y facilitar recursos materiales para que las familias accedan a la verdad y justicia, eso, movilizarse y buscar, se ha sido criminalizado porque no tramitan un “permiso para buscar” porque las fichas de búsqueda se consideran anuncios comerciales y propaganda.

Al consultar a Alejandra Cartagena, hija de Leticia Garlarza, desaparecida por fuerzas militares durante el periodo de la guerra sucia en México, le pregunto también como abogada cercana a los colectivos de familias con personas desaparecidas, ¿Qué es esto que se repite desde las autoridades de reprimir a las víctimas? Además de afirmar que las autoridades no reconocen que lo están haciendo mal, como sociedad tenemos…

“Lo que tenemos son narrativas que criminalizan y estigmatizan a las familias que finalmente llevan a cabo algo que no les toca, aunque sea su derecho participar de la búsqueda de la investigación, no es una obligación”. 

Pero ¿Qué podríamos invocar para señalar que las actuaciones de policías municipales y estatales que retiran fichas pegadas en mobiliario urbano constituye un delito?

Eh, ¿Quizá el artículo 69 de la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco? ¿O el artículo 74 de la misma ley donde especifica las obligaciones de los municipios sobre las cédulas informativas?

En concreto, aunque Jalisco es el estado líder con mayor registro de personas desaparecidas, 15 mil 040 al 6 de diciembre según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es también el gobierno que más acciones represivas ha emprendido contra las Madres Buscadoras de Sonora…

“Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia, que se van y que luego aparecen, pero la estridencia es enorme y eso es muy importante como sociedad entenderlo. Cada persona desaparecida se tiene que buscar, pero del total de las personas desaparecidas, solamente el 10 por ciento, hay detrás de esa desaparición un delito, lo demás tiene que ver con otras causas”, justificó el gobernador Enrique Alfaro en un informe de seguridad.

También con las familias en Jalisco y, específicamente, contra las acciones de protesta y visibilización de la crisis que el Colectivo Luz de Esperanza ha hecho para sabotear el discurso oficial, de que la desaparición de personas en el estado no es un problema grave o que no es de su competencia. 

Le pregunto a Héctor Flores cómo nombran esta represión del Gobierno de Jalisco y las policías municipales…

“Al principio era coraje, ahora es tristeza. Ver las caritas y que… ¡Ese ataque del gobierno! Ya pasamos el coraje a una tristeza personal. Te preguntas: ¿Por qué un niño de 19 años el gobierno se toma tantas acciones o molestias para desaparecerlo de la conciencia colectiva?

En el siguiente capítulo de Reprimir la protesta: el sello de Jalisco. Capítulo dos: La justa rabia tratada como delincuencia.

Jade Ramírez Cuevas Villanueva

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