Guadalajara, Jalisco.

El coordinador ejecutivo del Consejo del Colegio de Abogados de Jalisco, José Luis Tello Ramírez, refirió que la certificación profesional obligatoria que comenzará en 2023, es una medida recaudatoria por parte del Gobierno del Estado, además de referir que se trata de un año electoral.

La Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, encabezada por José Martín Orozco, es la instancia impulsora de la certificación profesional obligatoria, que consiste en expedir el documento cada cinco años por un monto de 500 pesos.

Tello Ramírez agregó que se tiene estimado una ganancia anual por arriba de los 100 millones de pesos.

“Estamos hablando de que somos 200 mil profesionistas a 500 pesos y más en un año electoral, no creo que sean las formas ni las herramientas. En este caso lo que está haciendo la Dirección de Profesiones está abusando y usurpando una función que le corresponde a las universidades”.

Agregó que la medida, además de ser recaudatoria, viola derechos constitucionales, por lo que a la fecha trabaja en conjunto del Congreso del Estado de Jalisco en una contra reforma que en los próximos días darán a conocer.

“La propuesta directa es que sea una certificación, pero no obligatoria, y que haya un cobro de plaza; es decir, una recaudación. Eso es ilegal, lo que provoca y está provocando que en un momento dado se vaya a judicializar”.

Tello Ramírez comentó que también harán uso de los amparos en el momento en que el Estado busque cobrar la certificación a los profesionistas.

María Ramírez Blanco

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