Violencia y demandas indígenas marcan las elecciones en Michoacán
Fotografía: EFE/Iván Villanueva/Referencial
Guadalajara, Jalisco. 

La reforma para sancionar la violencia política en razón de género no tuvo efectos aún en este proceso electoral, pese a que sí hubo denuncias y quejas presentadas por candidatas y precandidatas.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) recibió un total de 55 quejas por casos de violencia política, de las cuales, el Tribunal Electoral del Estado desechó 72 %, al considerar que no se acreditó el supuesto, faltaban requerimientos en las mismas o revocó medidas cautelares emitidas por el IEPC.

Hay otras tres que se derivaron a dependencias como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral (INE). Apenas 12 se encuentran en etapa de investigación, pero durante este proceso no hubo negación de candidaturas por incurrir en esta conducta.

Además, en el Registro Local de Personas Sancionadas por Violencia Política solo hay un caso incluido, pues se requiere que cuenten con una sentencia firme para integrarlos. Se trata del director del medio de comunicación La Voz del Sur de Jalisco, Alfredo Pérez Herrera, tras publicar en su portada a dos candidatas tomadas del cabello para competir por la alcaldía.

La consejera electoral, Zoad Jeanine García, aceptó que las autoridades involucradas en esta legislación aún tienen retos para materializarla. Su socialización para que las mujeres involucradas en la política conozcan qué es este tipo de violencia y cuáles son las conductas que se incluyen, son parte de los pendientes.

“Sí, la reforma de violencia política falta mucho porque las instituciones verdaderamente podamos garantizar a las mujeres esta protección que requieren y culturalmente también es una situación que hemos identificado que falta por hacer”.

Resaltó que a este desconocimiento se agrega una cifra negra de candidatas que no se atreven a denunciar por miedo, por desconfianza en las instituciones encargadas de brindarles seguridad o por la normalización de la violencia al interior de sus partidos políticos.

“Eso es lo más preocupante, es decir, sí tenemos presentadas quejas por violencia política, pero hay muchísimos otros casos que por diversos factores las mujeres no denuncian, ¿por qué? Pues por miedo, porque creen que las propias instituciones no les podemos dar las garantías necesarias, porque incluso la infraestructura de las instituciones que les pueden dar las medidas de protección, seguridad, escoltas, pues algo que les dé la garantía real, pues no tienen la infraestructura para hacerlo y cierta impunidad”.

Las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) por violencia política, que tampoco han derivado en una sentencia, sumaron 44 durante este proceso electoral.

Fatima Aguilar