Guadalajara, Jalisco.

La guerra que inició el Estado mexicano contra el narcotráfico en el 2007 ha originado mucho dolor. En Jalisco, la militarización ha causado miles de muertes, desapariciones y el desplazamiento de comunidades enteras, esa es la valoración del investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Froylan Enciso, en entrevista exclusiva para #44Lab.

A Enciso le parece paradójico que en vez de que el Gobierno apueste por un círculo virtuoso en el que miles de campesinos vivan de sus cosechas de marihuana o amapola, miles de consumidores compren dosis de calidad a una industria mexicana que pague impuestos y el país alcance mejores condiciones de paz, el Gobierno insista en usar a la Marina y al Ejército para combatir la producción de drogas –que siempre han existido-, lo que conlleva graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.

Mientras que en el 2006 se perpetraron 478 homicidios y 12 desapariciones en Jalisco, en 2017 se registraron mil 369 homicidios y 312 desapariciones, lo que representa incrementos de 189 y 2,500%, respectivamente, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Al pensar en Jalisco, Enciso identifica diferentes actores y factores: una amplia y avanzada industria farmacéutica; una comunidad médica preparada; comunidades universitarias en las que el consumo de drogas como la marihuana es común; comunidades campesinas aisladas sometidas al crimen organizado y un cártel en turno que se embolsa ganancias estratosféricas de dinero.

A continuación, cuatro sugerencias del investigador del CIDE para repensar la prohibición de las drogas desde el estado de Jalisco.

1) Política de tolerancia

El 28 de abril del 2017, el Congreso de la Unión aprobó el uso medicinal de la marihuana y despenalizó su producción para fines científicos en el territorio nacional. Enciso señala que los campesinos jaliscienses, quienes “han producido marihuana de muy buena calidad desde hace ya muchísimo tiempo”, podrían ser apoyados por el Gobierno del Estado para fortalecer su producción, con fines medicinales, y de manera legal.

“Tolerancia y respeto para tus productores, tolerancia y respeto a la comunidad médica, a los enfermos que ahora van a poder acceder a medicinas canábicas, es algo que van a poder hacer los gobiernos locales perfectamente”, dijo el investigador.

2) Empujar la legalización con fines lúdicos

Jalisco podría aprovechar su industria farmacéutica y su sector médico público y privado para generar una industria narcótica legal y redituable.

Según Enciso, el Gobernador de Jalisco podría empujar la reforma política de drogas a nivel federal que permita el consumo de cannabis con fines adultos, lo que además de descriminalizar a productores y consumidores, generaría condiciones para que la industria farmacéutica abastezca de manera segura y regulada a las personas consumidoras.

“Jalisco podría ser punta de lanza porque tiene comunidades campesinas aisladas, hasta ahora sometidas al crimen, que bien podrían reconvertirse a esta industria legal; tiene una industria farmacéutica amplia, un sector médico fuerte, que puede servir para el consumo de marihuana medicinal. Y también una presencia de jóvenes de comunidades universitarias en las cuales el consumo adulto de la marihuana es muy popular”, aseguró el profesor del CIDE.

3) Recaudación y uso eficiente de impuestos a los consumidores

En vez de que los consumidores paguen marihuana insegura y cara al crimen organizado, el propio Estado o la Federación podrían cobrar impuestos. Con ese ingreso, el Gobierno podría invertir en gasto público, reflexiona Enciso.

“¿No les gustaría que las ganancias del narcotráfico que ahorita están en manos del ‘Mencho’ y su gente estuvieran en las arcas del Gobierno del Estado de Jalisco para mejorar la salud, la educación y el bienestar de los jaliscienses?”, cuestionó el investigador.

4) Justicia para las víctimas de la guerra

El dolor de las familias de víctimas de la guerra contra las drogas debe transformarse. El profesor del CIDE plantea que, en la búsqueda de paz, dichas familias deben formar parte de comisiones de verdad y justicia que investiguen los crímenes justificados por los gobiernos como “daños colaterales” de la guerra contra las drogas.

“Precisamente porque la sociedad jalisciense ha sido fuertemente golpeada es que Jalisco debería reconvertir ese dolor en un movimiento local por la búsqueda del placer, el desarrollo y el fortalecimiento de las estructuras institucionales, en lugar de seguir por este camino de guerra y de competir con Sinaloa en la fama narcocultural (…) Yo creo que es hora que los políticos de Jalisco, de mano de la sociedad, civil, empiecen a buscar alternativas”, concluyó el investigador.

Diseño: Irving García