obras del Tren Maya
Fotografía: EFE/Cuauhtémoc Moreno
Ciudad de México, México.

Pueblos originarios del sureste mexicano obtuvieron un recurso legal para frenar las obras del Tren Maya en el estado de Yucatán por la falta de información sobre el proyecto del Gobierno, reveló este jueves el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Un juzgado federal concedió la suspensión provisional a habitantes de los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal, que promovieron un juicio de amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Los pobladores denunciaron que, pese a la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), las autoridades iniciaron la construcción del proyecto, una de las prioridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las quejosas (demandantes) decidieron ampliar el amparo inicial, en contra de la aprobación de la MIA, porque esta se dio sin haber garantizado toda la información ni la participación pública en el proceso de evaluación ambiental”, indicó el boletín firmado también por Kanan Derechos Humanos y Múuch’ Xiinbal.

El Tren Maya es uno de los proyectos emblemáticos del presidente de México con una inversión estimada de 5 mil millones de dólares para más de 1.500 kilómetros de extensión en los cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.

Pero las obras, que arrancaron en junio pasado, han despertado críticas de grupos ambientalistas y de pueblos indígenas, que denuncian la afectación natural, patrimonial y cultural que causará el proyecto.

Apenas el mes pasado, comunidades originarias obtuvieron un recurso legal para frenar obras nuevas del segundo tramo del Tren Maya, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.

Fonatur, el organismo público encargado del proyecto, afirmó días después que obtuvo el aval medioambiental para los tres primeros tramos del ferrocarril, pero la aprobación la otorga la Semarnat, que depende del Gobierno.

Las organizaciones inconformes reprocharon que la Semarnat otorgó la aprobación medioambiental pese a reconocer la ausencia de información en la consulta pública con las comunidades.

“Ambas autoridades fueron demandadas como corresponsables al incumplir con sus obligaciones para la protección del medio ambiente, la transparencia, acceso a la información y participación pública durante el proceso de consulta”, argumentó este jueves el comunicado de CEJIL.

Con este recurso, las autoridades no podrán ejecutar obras nuevas en el estado de Yucatán, pero el Poder Judicial aún debe determinar si otorga una suspensión definitiva y, después, si falla a favor de las quejosas en el juicio de amparo.