Guadalajara, Jalisco.

Si algo ha quedado demostrado en Jalisco es que hay un porcentaje importante de sus policías que ha incumplido con su razón de ser: proteger y servir. La prueba está en las 21 comisarías municipales que han sido intervenidas por el Gobierno del Estado de 2014 a la fecha. Una de cada seis.

El problema es que esto ocurrió mientras se realizaban las pruebas de control de confianza, cuyo objetivo, al menos en la teoría, siempre ha sido calificar como aptos a los elementos de seguridad pública, con pruebas que van desde la detección de drogas en el organismo hasta cómo llevan sus relaciones con vecinos y familiares.

En la primera parte de esta entrega especial le detallamos el sistema de videovigilancia “pirata” que se detectó en febrero de 2020 en San Juan de los Lagos, que se hallaron drogas en el escritorio del titular de esa Policía municipal y que la dependencia fue intervenida por el Gobierno del Estado. Pero eso no es todo.

Persisten las irregularidades

Otro hallazgo de las autoridades estatales en ese municipio fue que 70 oficiales no portaban armas, y que, de los 160 que estaban en labores de campo, sólo 101 decidieron aceptar el proceso de reevaluación y capacitación implementado por el Gobierno del Estado. Además, 13 renunciaron.

En las pruebas de control de confianza, la Policía de Mezquitic, intervenida en marzo de este año, también presentó irregularidades. De sus 29 policías, sólo 17 contaban con la aprobación del Centro Estatal de Evaluación, seis estaban reprobados y cinco no tenían ningún tipo de evaluación. Y pese a ello, todos estaban en la calle.

Entrenamiento exprés

Para redirigir la estrategia, en cada corporación municipal que ha sido intervenida, los oficiales han sido llevados a la Academia de la Policía del Estado, en donde se les da un entrenamiento que incluye capacitación en derechos humanos, además de realizarles exámenes de dopaje y una nueva evaluación en controles de confianza.

Pero ese protocolo, según ha quedado demostrado, no es un blindaje para las corporaciones, como se esperaba en 2008, cuando se argumentó su obligatoriedad.

Año con año, las inversiones federales en seguridad se han enfocado en tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, éstas no han dado los resultados esperados, ya que cada vez es más frecuente observar cómo los policías municipales se incorporan al crimen organizado, burlando los controles de confianza.

En la Policía de Jalostotitlán, por ejemplo, se registran irregularidades desde 2013. El comisario de entonces realizaba actividades que no le estaban permitidas, lo cual está prohibido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. Ésta deja en claro que se sancionará con prisión a quien realice los nombramientos de policías sin que cuenten con las acreditaciones correspondientes.

En el municipio de Poncitlán, la intervención se dio luego de que no se realizaran las evaluaciones, y hubo un escenario aún peor en San Juan de los Lagos, donde el comisario no contaba con la acreditación que exige la ley.

Para la tercera entrega de este reportaje especial: Una guerra perdida contra la inseguridad en Jalisco, le presentaremos las estrategias que se han implementado para tratar de recuperar la paz en el Estado… pero han fallado.

Lee aquí el especial completo:

Una guerra perdida contra la inseguridad en Jalisco