Guadalajara, Jalisco.

El programa de Verificación Responsable es un “robo en despoblado” para los casi tres millones de automovilistas que hay en Jalisco, y a miles más que cruzan la Entidad y que portan placas foráneas, advirtió Hugo Rodríguez Díaz, regidor de Morena en Zapopan, quien anunció junto con la agrupación Opinión Ciudadana y la Contraloría Ciudadana Independiente, la presentación de juicios de amparo en contra de la medida obligatoria que comenzará a aplicarse el 1 de agosto.

La verificación vehicular abre la ventana a la corrupción de los policías viales, quienes pueden cobrar desde mil 500 pesos a 15 mil pesos para no llevarse los autos a los corralones, dijo Hugo Rodríguez, quien adelantó que los amparos pueden tramitarse en Avenida Alcalde 2382, casi esquina con Fidel Velázquez, a unas calles de la Secretaría de Transporte.

“Mordidas a los agentes de Vialidad, a los diferentes cuerpos policiacos que ya van a encontrar su ‘minita’. Miren, esto va a ir de unos mil 500 pesos, si te va bien, a unos 15 mil si ya te traen arriba de la grúa y si tienes algún problema. No de que tu vehículo sea robado ni nada, sino que no hayas hecho el cambio de propietario y todo lo que se da normalmente”, explicó.

Los ciudadanos interesados en obtener una suspensión legal deben presentar una tarjeta de circulación certificada por un notario y una identificación del INE. Ya con el documento, cada persona tiene que acudir a Ciudad Judicial para presentar el juicio de amparo, con nueve copias. El trámite en las oficinas del edil Hugo Rodríguez es gratuito y las copias las debe sacar cada persona.

Manuel Cornejo, representante de Opinión Ciudadana, explicó que lo que busca la verificación en realidad es “recaudar dinero” y no limpiar el medio ambiente, pues para obtener la cita vía digital, el vehículo que se va a verificar debe estar “limpio” de adeudos, por lo que, si su unidad tiene deudas por multas o no ha hecho el cambio de propietario, tendrá que hacer ese pago adicionalmente a los 500 pesos de la verificación.

“Se hace en una página web, en un portal. Ingresa uno sus datos y ahí mismo, cuando hace uno el pago, o cuando quiere uno hacer el pago de la verificación, le aparece que tiene que estar sin adeudos de refrendo, sin adeudo de multas y el vehículo tiene que estar a nombre del actual propietario. Esto es, conforme a la Ley, que tiene que estar al día”, dijo.

Jorge Carlos Ruiz Romero, contralor ciudadano independiente, explicó que la verificación vehicular viola los artículos 11, 14, 16, 29, 115 y 117 de la Constitución General de la República, y eso es lo que quieren que valoren los jueces para otorgarles una suspensión que proteja a los automovilistas de los “abusos” del Gobierno de Jalisco.

Las principales violaciones son al libre tránsito (Artículo 11), al debido proceso (Artículos 14 y 16), a las Garantías Individuales (Artículo 19), a la autonomía municipal (porque la vialidad es una facultad de los ayuntamientos) y a que el Estado no puede aplicar cobros para el paso de vehículos de una Entidad a otra (Artículo 117).

Una de las zonas donde pueden darse los mayores abusos a autos con placas foráneas es Puerto Vallarta-Nuevo Vallarta (Bahía de Banderas), donde hay 200 policías viales que pueden extorsionar a quienes no porten permiso o la verificación obligatoria.