Guadalajara, Jalisco. 

El aislamiento obligatorio con multas y arrestos, así como los abusos policíacos y la agresión a personal de salud, son los focos rojos que se encienden en Jalisco y preocupan a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

En un documento titulado “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la contingencia sanitaria por COVID-19” y que recopila hechos ocurridos en el mes de abril, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración se dice preocupada porque estados como Jalisco y Michoacán hayan decretado aislamiento obligatorio con multas, arrestos y trabajo comunitario a quien incumpla. Alertan que esto puede llevar al uso desmedido y arbitrario de la fuerza pública.

La dependencia que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas, también señala como alarmante que en abril se registraron al menos 47 casos de agresiones contra personal de salud, en 22 estados de la República y Jalisco es la entidad con el mayor número de agresiones registradas con siete eventos.

El patrón común es rociar a la persona con algún líquido de limpieza frecuentemente cloro, así como negar acceso a unidades de transporte público o comercios y hasta amenazas de muerte.

Además se registraron 21 agresiones a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 12 entidades y también Jalisco está en esa lista. También se reporta que ha habido agresiones a periodistas que realizan coberturas informativas sobre el coronavirus, en Puebla, Morelos y Jalisco.

Finalmente se consigna la preocupación por los contagios en cárceles y se reporta la situación del penal de Puente Grande, que ya acumulaba 63 casos positivos hasta el corte del 5 de mayo.

Al respecto recomiendan medidas de liberación o cambio de medida cautelar de personas privadas de su libertad para despresurizar los reclusorios.

Otros focos rojos detectados en diversas entidades son la negativa a la atención médica a personas con COVID-19 o el cierre de fronteras y puentes en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

Encinas Rodríguez, señala en el documento que la declaratoria de Fase 3 de la pandemia no implica en ningún momento un llamado a ejercer medidas extremas potencialmente violatorias de los derechos humanos, sino a trabajar en conjunto con la población para reducir al mínimo posible la transmisión del virus a través de las políticas de Sana Distancia y Quédate en Casa y llama a una colaboración armónica entre gobierno y sociedad.