Ciudad de Guatemala, Guatemala.

La apertura de un juicio contra cinco exparamilitares guatemaltecos por violencia sexual contra 36 mujeres indígenas mayas en los años 80 durante la guerra (1960-1996) fue suspendida este martes y pospuesta para el miércoles por la ausencia del abogado defensor.

La jueza del caso, Jazmín Barrios, tomó la decisión de aplazar un día el inicio de la audiencia por la falta de presencia del abogado Julio César Colindres, quien representa a los acusados.

Antes de la suspensión, víctimas, sobrevivientes y entidades de apoyo realizaron una ceremonia maya en las afueras de la Corte Suprema de Justicia de la capital, donde se realizará el juicio oral y público.

Los sindicados, exmiembros de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), escucharon la decisión por medio de una videoconferencia desde la cárcel Mariscal Zavala, donde están recluidos.

Tanto las PAC como la figura del comisionado militar fueron instrumentos de represión durante la guerra y quedaron disueltas con la firma de los acuerdos que en 1996 pusieron fin al conflicto, que dejó unos 200 mil muertos o desaparecidos.

Una Comisión de la Verdad de la ONU, que investigó los crímenes de guerra en Guatemala, documentó 669 masacres y aseguró que el 93% de todas la violaciones fueron cometidas por aparatos del Estado.

Los delitos habrían ocurrido entre 1981 y 1985 en el municipio de Rabinal, al norte de la capital guatemalteca.

La organización Mujeres Achí, que integran a víctimas de la agresión sexual, acusa de los vejámenes a miembros del Ejército y de las PAC. "El proceso legal inició hace una década donde hemos enfrentado racismo, discriminación y revictimización", lamentaron.

Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el caso es "emblemático pues es apenas la segunda vez que un caso de violencia sexual contra mujeres indígenas durante el conflicto armado interno será juzgado ante los tribunales guatemaltecos".

En febrero de 2016, dos veteranos militares fueron condenados a 240 y 120 años de prisión por someter a esclavitud sexual a once mujeres indígenas en Sepur Zarco (noreste) durante la guerra interna, además de cargos de asesinato y desaparición forzada.

Para la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, este caso es un desafío para el Estado porque "no cumplió con su obligación de defender a estas hermanas que fueron violadas, torturadas, humilladas y que fueron sometidas a la esclavitud (sexual) durante tantos años del conflicto armado".

"Retrasar y rogar por justicia justa es la vergüenza del Estado guatemalteco y ojalá esta vez sea para resarcir esa vergüenza", dijo.

Rabinal fue una de las poblaciones más golpeadas durante la guerra y allí se ubicó una tumba colectiva con más de 3 mil víctimas.