CNDH Enrique Alfaro
Fotografía: Gobierno de Jalisco
Guadalajara, Jalisco.

Sucedió casi año y medio después, pero al final, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por las protestas que fueron reprimidas en junio del año pasado, tras la muerte del joven Giovanni López, quien falleció en mayo de ese año a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no usar cubrebocas mientras se encontraba en la calle.

La recomendación 82/2021 destaca que hubo “detenciones arbitrarias realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía Estatal”, que derivaron en personas lesionadas y privadas de su libertad los días 4, 5 y 6 de junio de 2020.

Dicho llamado de atención surgió tras las evidencias que transmitieron los medios de comunicación, y según el organismo, las pruebas que recabó acreditan que, en efecto, personal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco “incurrió en uso excesivo de la fuerza, al llevar a cabo la detención de las personas manifestantes y en dilación para ponerlas a disposición de la autoridad competente”.

En ese sentido, la CNDH argumentó que la autoridad estatal fue “omisa al no implementar acciones de control de multitudes, ocasionando con ello que se coartara el derecho a la libertad de expresión”.

Otros derechos vulnerados que constató la defensoría nacional involucran al personal de la Fiscalía Estatal.

En aquella ocasión, el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, reconoció que hubo agentes que llegaron en vehículos sin identificador alguno y usando ropa de civil, quienes se llevaron a los jóvenes que se iban a manifestar en la sede de la Fiscalía e incluso algunos de ellos ingresaron a un espacio conocido como “jaulas” al interior de la dependencia.

Sin embargo, argumentó que los agentes habían ignorado la orden directa de mantener el orden y en su lugar se habían llevado a los jóvenes, algunos de ellos con amenazas y a otros les quitaron sus teléfonos.

La CNDH constató que “hay responsabilidad de agentes de la Policía Investigadora en lesiones infligidas a las víctimas, a quienes además vulneraron sus derechos a la libertad personal al detenerlos de manera arbitraria en las inmediaciones de esa dependencia; así como a la libertad de reunión, asociación y expresión, toda vez que su retención impidió que participaran en la marcha efectuada el 5 de junio”.

Debido a esto, la CNDH le solicita a Enrique Alfaro que ofrezca una disculpa pública por estos hechos y repare integralmente “los daños causados a quien por derecho corresponda y otorgarles atención médica y psicológica”.

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