Poder Judicial, sin facultades para cesar a magistrado denunciado por abuso
Fotografía: Elena Castolo / UDGTV




Guadalajara, Jalisco.

La suspensión provisional, mediante la cual el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José de Jesús Covarrubias Dueñas, denunciado por abuso sexual, recibe 30 por ciento de su salario, es lo única medida que puede tomar el Poder Judicial en contra de él, aseveró su presidente, Daniel Espinosa Licón.

El magistrado presidente justificó que la conducta no fue cometida dentro de su espacio laboral o cuando ejercía sus funciones, y a pesar de dar la oportunidad para que trabajadoras de este poder denunciaran casos de acoso y hostigamiento sexual, no hay ninguna desde quienes integran la Quinta Sala Especializada en Materia Civil u otra área.

“Hasta el día de ayer, que fue el último día laborable, no se había recibido ninguna denuncia ni ninguna declaración de un testigo. Nosotros podemos establecer sanciones como amonestación, extrañamientos públicos y privados y suspensiones temporales. Te suspendo hasta por 15 días, te suspendo hasta por un mes, dos meses. Creo que la sanción máxima son tres meses, la que podemos imponer”.

Mantenerle parte de su salario es porque así lo marca una resolución de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN). La suspensión provisional puede durar hasta seis meses, tiempo durante el cual Espinosa Licón se comprometió a no reintegrarlo en su cargo y esperar a que llegue alguna denuncia en ese periodo.

Aseveró que los empleados tienen las condiciones de denunciar con libertad, luego que se le separó del cargo.

Ahora, mandó toda la responsabilidad al Congreso del Estado, pues es quien tiene la facultad de cesarlo definitivamente con un juicio político o quitarle el fuero a través del juicio de procedencia.

“Yo no sé si en el Congreso vayan a hacer su trabajo o el Ministerio Público vaya a hacer su trabajo. Nosotros, conforme a la ley, no podemos hacer más, es lo máximo que podemos hacer. Está en manos del Congreso y no votarían los magistrados. Está en manos del Ministerio Público y no votarían los magistrados. La mejor prueba de que no hay un acto de comparsa o protección para los compañeros es que se decretó la medida de protección”.

También negó que exista intención de protegerlo desde el Poder Judicial y nunca existió una reunión vía zoom con el magistrado, donde les pidió darle el voto de confianza, como lo denunció el abogado de la familia.


Fatima Aguilar