Guadalajara, Jalisco.

En un lapso de siete meses, entre febrero y agosto de 2020, se autorizaron 23 salidas de mujeres internas del Reclusorio Femenil de Puente Grande a diversos penales, entre ellas el Reclusorio Preventivo, según lo acreditó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), instancia que emitió la Recomendación 147/2021 dirigida al secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Jalisco, para que actúe y aplique las sanciones respectivas, ya que se trata de “hechos graves”.

De las 23 salidas masivas de internas de la Comisaría de Reinserción Femenil, destaca la que se efectuó el 24 de marzo de 2020, cuando comenzaba la pandemia, ya que salieron 64 internas y 11 de ellas regresaron a su centro de internamiento con aliento alcohólico, dijo el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón.

“Un total de 64 mujeres fueron sacadas de la Comisaría de Reinserción Femenil para ser llevadas a un ‘evento social’ a la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado y fueron regresadas el mismo día por la noche. Manifestaron que 11 de ellas tenían aliento alcohólico, de las cuales dos son pacientes psiquiátricas. Agregaron que policías custodias realizaron el reporte de esas acciones, lo que ocasionó que fueran cambiadas a otros centros y, posteriormente, a dos de ellas no se les renovó contrato, lo cual lo tomaron como una represalia por denunciar tales irregularidades”, relató.

El tercer visitador de la CEDHJ, Javier Perlasca Chávez, explicó que el director de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, argumentó que la salida de las presas se dio para apaciguar la tensión que se vivía en el Reclusorio Femenil, porque, con la pandemia, no se podían mover de sus áreas de reclusión.

Sin embargo, en ninguna de las 23 salidas de las reclusas se cumplieron los protocolos que marca la Ley. El presidente de la CEDHJ pidió que del caso deben aplicarse sanciones a las autoridades responsables.

“Se inicie, tramite y concluya procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se deberá de aportar, en vía de prueba, la presente Recomendación y se atiendan las razones y fundamentos expuestos en la misma, valorando pruebas y evidencias que obran en el expediente y se respete el derecho de audiencia y defensa de los servidores públicos involucrados para la aplicación de sanciones”, puntualizó.

La queja fue presentada por la Organización Nacional de Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, al que pertenecen las seis custodias a las que movieron de centro de trabajo o que las dejaron sin empleo.

El organismo público defensor de las garantías individuales le pidió al director de Reinserción Social que se eviten nuevos actos de represalia contra el personal de custodia.