"Plan B" de reforma electoral afecta a la estructura profesional del INE, advierte especialista



Jalisco, México. 

El “Plan B” de la reforma electoral impulsado por el presidente López Obrador podría afectar a la estructura profesional del INE, tanto en procesos electorales como en actividades administrativas, advirtió el vocal ejecutivo del distrito 16 del INE, Marcelino Rosales.

Aseguró que la estructura actual del INE es la que da legitimidad a las autoridades electas y mantiene de pie el sistema electoral en el país.

“Bueno, impacta diversos campos, principalmente se sufre una disminución de la estructura del Instituto Nacional Electoral, principalmente en el servicio profesional electoral nacional (...)

Y bueno se desarrollan actividades de carácter profesional, y el hecho de suprimir estos cargos se quedarían en un aspecto de improvisación, de funcionarios de temporalidad, situación que impide de alguna forma llevar los trabajos acorde a los principios constitucionales electorales que se tienen que cumplir”, señaló.

El vocal ejecutivo explicó que, aunque el trabajo del INE es más notorio durante los procesos electorales, también es de suma importancia en periodos fuera de elecciones, como al brindar información y trabajar en procesos administrativos.

Señaló que están en riesgo los derechos de las personas que trabajan en el INE, en especial, de cerca de mil 500 funcionarios que integran las juntas distritales.

"Mira, en riesgo principalmente, acuérdate que hay derechos humanos que se tienen ya protegidos de la gente que labora. Imagínate, que de seis funcionarios o servidores públicos de las juntas distritales, quedan fuera inmediatamente (cinco de 300 juntas), eso implica que personal administrativo que trabaja en apoyo de esto también va a perder sus derechos de alguna forma, o va a ser despedido, concretamente. Y de todos modos alguien tendrá que hacer ese trabajo. Entonces, ¿cómo va a realizarse?”, detalló.

Marcelino Rosales insistió que sin la estructura del INE, podrían regresar los problemas que tenían los procesos electorales antes de la creación del IFE, en 1990.