Pese a leyes para proteger a periodistas, bajan condiciones de libertad de expresión en México
Fotografía: Juan Ignacio Roncoroni - EFE




Guadalajara, Jalisco.

El análisis de dos académicos a las leyes de protección a periodistas en México, concluyó que pese a su existencia y los mecanismos de protección, las condiciones para que este gremio ejerza la profesión con libertad de expresión han disminuido durante la última década.

Se trata del estudio Reportear en el desamparo. Un análisis de las medidas de protección a periodistas en México, desde el contexto local de los investigadores Salvador de León y Rubén González, que incluyó la revisión a 21 leyes existentes en 18 estados.

Salvador de León, académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) manifestó que pese a la existencia de estas leyes, federal y locales, la ciudadanía y los periodistas perciben una menor libertad de prensa en los estados que cuentan con un mecanismo de protección.

“En casi toda la década el nivel de libertad de expresión ha sido cero...

hay un pequeño repunte en el 2018, nos falta la medición de 2017, de 2016 se brinca al 2018, entonces ahí un pequeño repunte en Veracruz, pero como ustedes pueden ver también hay una caída en los demás estados de manera conjunta”.

Otros resultados que encontraron fue que la legislación tiene una protección restrictiva para quienes trabajan en medios de comunicación, cuando hay quienes no reciben remuneración o son freelance, no hay representatividad de los periodistas, la censura no se reconoce como un causal de violencia, las leyes están burocratizadas, el mecanismo es lento y quienes están amenazados o son agredidos están obligados a demostrarlo.

A eso se suma que incluso los periodistas pueden ser sancionados si hacen “mal uso” de los mecanismos, y los empresarios de medios de comunicación no tienen ninguna responsabilidad en la ley para generar medidas de protección.

Rubén González, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), añadió que mediante la realización de 55 entrevistas a periodistas de todo el país, pudo constatar que estas leyes no son funcionales.

“No ha dado los resultados esperados, como decía mi compañero Salvador hace un momento, porque los procedimientos no son adecuados, además porque hay una colusión entre los agresores y las autoridades que van a proteger a los periodistas, y finalmente, que...

es el caso más extremo, el gobierno, bueno algunas autoridades y funcionarios públicos de algunos gobiernos en particular también son los agresores”.

La falta de resultados se debe a la inexistencia de fondos para los mecanismo y la autonomía para trabajar, a las denuncias no se les da seguimiento ni se monitorean, y las agresiones surgen incluso si están protegidos.

“Nueve de cada 10 delitos contra periodistas no se resuelven y no se resuelven porque ni siquiera se investigan, y bueno ¿qué pasa con todo esto? Que al final del día hay una desconfianza en las autoridades...

Porque los pocos logros, la corrupción y la impunidad, pues generan dudas y preocupación entre las víctimas, que como decía el doctor Salvador, pues deciden no denunciar o arreglárselas por sí mismos, o abandonar el mecanismo”.


Fatima Aguilar