Ocotlán, Jalisco

A través de un comunicado firmado por el Comisariado de Bienes Comunales de Mezcala, colectivos, organizaciones civiles como la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas A.C., Un Salto de Vida, activistas defensores de derechos humanos y El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)  piden justicia agraria para las y los integrantes de la comunidad ubicada en Poncitlán esto debido a que desde 2011 han sido acusados por el delito de daños en las cosas, derivado del despojo de tierras del que fueron víctimas por parte de un particular, y cuyo proceso legal culminó el pasado cuatro de octubre con la restitución de las mismas.

En el comunicado, dan a conocer como la comunidad luchó durante 23 años por recuperar las casi 20 hectáreas que Guillermo Moreno Ibarra, ocupaba de manera ilegal. Dicha lucha trajo a la comunidad diferentes consecuencias, la más importante, la criminalización por acciones emprendidas para recuperar su territorio.

Esta se dió en 2011, cuando Moreno Ibarra, interpuso una denuncia esto porque la comunidad decidió retirar una torre de fierro que este había construido ilegalmente en sus tierras. Por ello, según describen en el texto, diez integrantes de la comunidad indigena, han tenido que enfrentar un proceso penal en su contra por el delito de daño a cosas.

Este proceso se prolongó a diez años por lo que las y los comuneros han buscado diferentes soluciones tanto en tribunales locales y federales donde no solo no han encontrado justicia, sino que además no se les reconoce como comunidad indigena pero después de varios meses de proceso al fin está por terminar dicha situación, donde las y los magistrados de la la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco tendrán la oportunidad de acabar con el tema y poder devolver su tranquilidad a las y los comuneros.

Por ello los colectivos exigieron a dicho tribunal que: Reconozca la inocencia de las personas de la comunidad ante el delito que se les acusa, donde piden que sean juzgados ante la perspectiva de diferencia y de derechos humanos en la cual se consideran los principios, derechos humanos que están establecidos por el Protocolo de actuación en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca ofrecer el reconocimiento  jurídico de derechos específicos a los pueblos, comunidades y personas indígenas que constituyen la pluralidad étnica, donde garantizan sus derechos como indígenas.

Por Kimberley Lemus