Ocotlán, Jalisco

Una de las grandes fragilidades exhibidas durante la pandemia es la cuestión de lo público. Además de la enorme brecha de desigualdad que divide a los latinoamericanos y de la pobreza que relativiza todo tipo de acceso a lo público, la salud pública, la educación pública y la gestión pública quedaron en entredicho al mostrar sus precariedades y limitaciones. No es una situación nueva para una América Latina acostumbrada a la mala calidad de la gestión, a la insuficiente inversión en lo público y a la mala administración de los recursos. Pero en tiempos de pandemia, con la convergencia de la crisis sanitaria y la económica, se magnificaron las carencias y se resaltaron los años de descuido.

Antes de la pandemia, el malestar de la desigualdad ya había sacudido varias naciones latinoamericanas, siendo quizá la más emblemática la protesta del país que por muchos años se consideró el modelo económico a seguir en la región: Chile. Y cuando llegó la pandemia el impacto fue desigual: millones de personas no pudieron hacer cuarentena, muchos perdieron sus empleos, sus ingresos y sus oportunidades de conseguir apoyo para enfrentar la contingencia. Los pobres se empobrecieron y limitaron aún más sus probabilidades de éxito frente a lo sanitario y lo económico.

Lo público es tan relativo en el escenario latinoamericano que puede significar lo que es de todos, lo que es de nadie, lo que es del administrador de turno o todo junto y revuelto, como el río de donde dicen que salen las ganancias de los pescadores. Imaginen el caos cuando se debe responder a una urgencia como una pandemia desde el desorden. Basta con leer las noticias que dan cuenta de hospitales saturados, sin medicamentos, con insuficiencia de equipos y profesionales. Hay una precarización latinoamericana de lo público que nos ha llevado a confundirlo con lo barato, lo que no es de calidad, lo desordenado, lo burocrático e ineficiente. Y frente a esto, se incubó a lo privado y costoso como de mejor calidad.

El filósofo colombiano Bernardo Toro dice que una de las mejores formas de minimizar la desigualdad es hacer que lo público sea sinónimo de calidad para todos: que tanto la salud pública como la educación pública sean igual de buenas y eficientes para el que no tiene muchos recursos económicos como para el que vive en la riqueza. En América Latina estamos lejos de eso: tenemos la desigualdad más profunda del mundo y nuestros sistemas públicos están en conflicto con la eficiencia y el alcance a toda la población: los más pobres tienen problemas para acceder y los ricos huyen hacia lo privado. Y en estas condiciones enfrentamos la pandemia y se nota en la cantidad de muertos, en el aumento de la pobreza, en el malestar de la gente.

La gran pregunta que deberíamos responder es cómo hacer que lo público sea de calidad para todos. Y esto implica un reto gigantesco en cuanto a las inversiones en salud, educación y ciencia, así como a la capacidad de planificación y de gestión pensando en el colectivo y no en lo sectario, lo coyuntural o lo personal.

Por Héctor Farina Ojeda