Fotografía: Mario Lozano.
Guadalajara, Jalisco.

Nunca la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) había sido tan ninguneada. Tras cinco años al frente del organismo, Alfonso Hernández Barrón emitió 682 recomendaciones públicas por violaciones a derechos humanos, pero sólo cuatro se han cumplido satisfactoriamente.

Si bien las recomendaciones no tienen carácter obligatorio, Francisco Macías, especialista en derechos humanos, indicó que el actual modelo requiere una revisión profunda.

“Aquí hay una predilección por emitir un mayor número de resoluciones pero falta este sentido de dónde generar rutas para generar grandes cambios al mirar un derecho humano que ha sido violado”.

Además, agregó que:

“En el caso concreto lo que vemos es que hay una predisposición al número más que generar contextos más situados desde una clave de qué requeriría en este momento Jalisco para una vigencia de los derechos humanos. Osea es una emisión en maquila”.

Macías explicó que el actual modelo de defensoría de derechos humanos, creado hace 30 años durante el salinismo, surgió para combatir los abusos del poder, pero la transición democrática a partir del 2000 generó espacios para su cooptación.

“Su ADN, su genética de las comisiones públicas de derechos humanos es totalmente ciudadana es para tener una voz fuera del poder…

Con la incipiente transición a la democracia, lo que ocurrió con estas instituciones y con la dispersión del poder, lo que generó fue una cooptación se fueron cooptando las instituciones autónomas, le fueron entrando a lo de cuotas y cuates, a este tipo de entarimado en donde tenían un aspecto preciado que era construir su propio presupuesto, eso fue llamado la atención de los intereses político partidistas y fueron cooptando los lugares y fueron cooptando los mandatos de estas instituciones”.

A más tardar este primero de agosto, los diputados del Congreso de Jalisco deben elegir al próximo ombudsperson. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresarios, han criticado el proceso y exigen un mecanismo de designación abierto, alejado del llamado sistema de repartición de “cuotas y cuates”.

En la actualidad, Derechos Humanos Jalisco cuenta con una plantilla de 310 trabajadores de los cuales 283 son de confianza. Esto significa que son puestos temporales de los que puede disponer el próximo ombudsperson. Ese es el tamaño del “botín político” que los partidos intentan repartirse con la designación del próximo titular.

Para Macías, es necesario un debate sobre el modelo de defensoría de derechos humanos, en donde la Comisión sea más que un mecanismo de gestión de la nómina, un organismo cooptado por intereses políticos y sometido al poder. Es decir, un modelo en donde esta institución represente verdaderamente los intereses más urgentes en materia de derechos humanos.

“La parte más débil que tiene la comisión es su autonomía e independencia, es decir, hoy hay que decirlo claramente, la comisión está cooptada por intereses político-partidistas, no sólo en su mandato sino al interior de su gestión por actores que fueron condicionando desde la elección del propio ombudsperson. Estamos buscando un quién pero no estamos buscando un cómo”.

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