Guadalajara, Jalisco.

Aunque con la reforma anticorrupción 2.0, los representantes de dependencias de Gobierno en los Comités de Adquisiciones aumentaron su participación para autorizar las compras gubernamentales, el secretario de Administración, Ricardo Rodríguez, negó que eso favorezca ejercicios dirigidos.

Con los cambios, ahora son cinco representantes empresariales y cinco de diversas dependencias. Anteriormente sólo había uno de ellos, y los cinco restantes eran de la iniciativa privada.

Según el funcionario, ellos sólo implementarán lo que autorizó el Congreso del Estado y proponer una integración diferente en la forma de llevar a cabo estos procesos de compras, es positivo.

“Las modificaciones son positivas. Nos obliga a todos estos organismos que tenemos este tipo de responsabilidades a ser mucho más claridosos, transparentes e institucionalizarnos para evitar cualquier posibilidad que cometa actos de corrupción”.

Aunque faltan reglamentos por adecuar, el secretario dijo que ya trabajan en la implementación de la ley y no hay molestia del sector empresarial.

“Yo no detecto molestia empresarial, en el ejercicio legislativo hubo diálogo con el sector empresarial y estuvieron de acuerdo, nació de los foros convocados por el Congreso. Ayer que tuvimos la primera sesión en el comité en el Gobierno del Estado, la verdad es que (hubo) mucha cordialidad y (estamos) dispuestos a trabajar”.

Respecto a que el certificado de integridad; es decir, la certeza de que las empresas evitarán prácticas de corrupción, no son vinculantes para que el Gobierno tome una decisión respecto a la contratación, Ricardo Rodríguez defendió que sí son necesarios.

“La ley contempla que, al momento de dar un fallo en una licitación, además de que se revisan cumplimientos de los precios que se proponen, que se revisa que se cumpla con la parte técnica que se está solicitando, este tipo de elementos servirán para que, en caso de que existan propuestas similares o empatadas, pudieran servir”.

Para certificar a estas empresas, será la Contraloría del Estado la que se encargue de hacerlo y creará un registro de buenas prácticas. La sociedad civil solicitaba que esto fuera obligatorio para una contratación, pero finalmente no quedó en la reforma.