Negro historial el del juez que dictó prisión preventiva a tres estudiantes universitarios
Fotografía: UdeG




Guadalajara, Jalisco.

En entredicho se encuentra la imparcialidad y equidad del juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, encargado de procesar a tres estudiantes universitarios y a quienes sin más le dictó prisión preventiva. El juzgador fue diputado y es esposo de una ex regidora y ex síndica de Guadalajara, ligada al partido de Movimiento Ciudadano, elementos suficientes como para que declinara en este caso.

Sin embargo, por el contrario, a la primera oportunidad se apersonó en el asunto aprovechando las vacaciones de otro juez, tal y como en su momento lo denunció el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva:

"Un juez que en las vacaciones aprovechó la ausencia del juez principal para tratar de imputarlos, para tratar de meterlos, así de evidente las anomalías, la rapidez, la aceleración con la que han tratado de llevar este asunto, eso fue lo que nos generó desconfianza en el período vacacional, que los juicios en Jalisco tardan años, pero justo en cuanto se vacaciones el juez que lleva este asunto, un juez toma de manera ilegal el asunto, lo cita lo cita lo cita lo cita lo cita. Teniendo COVID-19 y un justificante para 10 días, lo citan en tres días. Verdaderamente se ve, el uso político es evidente”.

El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos tiene además otros factores de fondo por los que tendría que abstenerse de conocer de este caso y quizás uno de los más fuertes es ser esposo de María Cristina Estrada Domínguez, que desde el 2007 a 2023 ha laborado en el gobierno, de 2018 a 2021 fue regidora, pero en 2021 fue síndico y en más de algún momento procesal conoció o firmó algunas de las actualizaciones del convenio o cualquiera otra de las decisiones.

Incluso en su momento la propia FEU presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios y ex funcionarios de cuatro administraciones diferentes de Guadalajara, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho, peculado y defraudación fiscal derivados de los acuerdos para los proyectos de Puerta Guadalajara e Iconia.

Entre ellos se mencionaba a:

  • Ex alcalde panista Alfonso Petersen Farah y quien fuera síndico municipal en su gestión, Verónica Rizo López.
  • Ex presidente municipal priista Ramiro Hernández García y el ex síndico Luis Ernesto Salomón Delgado.
  • El actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez y quien fuera síndico en su paso por la alcaldía, Anna Bárbara Casillas García.
  • El presidente municipal con licencia, Ismael del Toro Castro, y Patricia Guadalupe Campos Alfaro y justo a la esposa del juez, María Cristina Estrada Domínguez, que fungió como síndico del Municipio.

Por si tal conflicto de interés no fuera mucho, a esto hay que sumar la gris participación del juez Felipe de Jesús Rivera en el caso donde fungió como integrante del tribunal de enjuiciamiento para determinar la que a la fecha es considerada como una endeble sentencia contra el ex jugador Joao Maleck Junio, causante de la muerte de una pareja de esposos.

Y además lo acusan de emitir otras controversiales resoluciones como una prisión preventiva oficiosa contra una mujer, sin perspectiva de género; la liberación de un sujeto acusado de violación en agravio de una niña, en Tequila; además de abusar en la aplicación de la prisión preventiva, en casos que no procedía.