Fotografía: Medios
Ciudad de México, México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, ante la violación a varios derechos humanos de una persona privada de la libertad, de origen colombiano, a quien se le negó la posibilidad de contraer matrimonio dentro de un penal del estado, por ser portador de VIH.

En un comunicado, la CNDH indicó que la víctima solicitó al director del registro civil del estado de Nayarit “la autorización para contraer matrimonio con su pareja del mismo sexo, en el mismo establecimiento penitenciario, lo cual le fue negado, argumentando que es portador de una enfermedad crónica”.

La CNDH acusó que producto de esa negativa en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Nayarit se violaron los derechos del preso a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud, entre otros.

Explicó que el Consulado de Colombia en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco presentó quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit y ante la CNDH.

En dichas quejas se señaló que la víctima, de nacionalidad colombiana, “solicitó al director del Cefereso se realizarán los trámites ante el registro civil de ese estado a fin de contraer matrimonio con su pareja, recluida en el mismo establecimiento penitenciario”.

Sin embargo, “a pesar de la tramitación efectuada, se le informó que, debido a que es portador de una enfermedad crónica, la respuesta había sido negativa al actualizarse una causal de impedimento señalada en el Código Civil de esa entidad, lo cual se considera contrario a sus derechos humanos”.

Debido a ello, la CNDH integró un expediente en el que se recabó información y evidencias que acreditan las violaciones a los derechos humanos a fundar una familia, al libre desarrollo de la personalidad, a la información, al derecho a decidir, a la salud, a la igualdad y no discriminación.

Las cuales fueron cometidas en agravio de las dos personas privadas de la libertad en el Cefereso, tras la negativa a contraer matrimonio por parte de autoridades del registro civil, en virtud de la condición de salud de una de las partes.

Por ello la CNDH resaltó en su recomendación que la autoridad responsable “no realizó una ponderación de derechos, un análisis del caso concreto conforme a un enfoque en derechos humanos, que le permitiera realizar una interpretación conforme a los principios de no discriminación y pro persona”.