Guadalajara, Jalisco.

Por irregularidades en el proceso de licitación y por presunto sobreprecio, la bancada de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara presentó una queja ante la Contraloría Municipal, que encabeza Cynthia Cantero Pacheco, por el arrendamiento de 290 patrullas y motocicletas, así como 40 patines eléctricos y 100 bicicletas para elementos de la Comisaría de la Policía tapatía.

La adjudicación, hecha por el Comité de Adquisiciones de Guadalajara, se realizó a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A. de C.V. por un monto de 792 millones de pesos. Ésta tiene sede en el Estado de México y “curiosamente” es la misma que arrendó patrullas al Ayuntamiento de Zapopan, cuando el alcalde fue Pablo Lemus Navarro, en los seis años anteriores.

Carlos Lomelí Bolaños, coordinador de los ediles de Morena en el Gobierno tapatío, explicó que entre las anomalías destaca que el proceso de licitación comenzó el 7 de diciembre, cuando el pleno del Ayuntamiento no había autorizado el Presupuesto de Egresos 2022.

Además, se incumplió la Ley de Compras Gubernamentales, al no respetar las 72 horas establecidas para la apertura de propuestas.

“Nunca. Nosotros estuvimos enterados de que iban a licitar antes de que hubiera suficiencia presupuestal. Eso es tener demasiada hambre por robar, no puedes convocar cuando todavía no se autoriza un presupuesto. Ellos están convocando el día 7 de diciembre. Nunca nos enteramos nosotros, hasta el día en que iban a dar el fallo de las patrullas, brincándose, adelantándose a un tema de la Cuarta Sala (del Tribunal de Justicia Administrativa) y autopresionándose, mandando a un ciudadano a decir: ‘necesito protección’ y ante eso, está por encima el bienestar de los ciudadanos y así lo hicieron con las luminarias en Zapopan. Revisen. Es exactamente el mismo procedimiento”, explicó.

Los ediles de Morena señalaron que el caso representa una “prueba de fuego” para comprobar el trabajo imparcial y profesional que ha hecho Cynthia Cantero al frente del Instituto de Transparencia del Estado, quien recién asumió el cargo como contralora municipal de Guadalajara, dijo Lomelí.

La regidora Mariana Fernández explicó que solicitó a la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento que se les entregue todo el expediente del arrendamiento de patrullas, ya que la información no aparece en el portal de Transparencia del Gobierno de Guadalajara.

“Y estaremos pidiendo que nos entreguen por escrito todo el proceso de licitación, porque ha sido muy complicado encontrarlo en el portal de transparencia. Ni siquiera está arriba de los portales todo este proceso. Ya lo dijo el doctor (Carlos Lomelí): desde antes de que se aprobara el presupuesto, la licitación ya se había abierto cuando ni siquiera había un presupuesto aprobado. Aprovecharon estas épocas decembrinas para sacar un presupuesto. A nosotros nos preocupa porque es un contrato multianual; es un tema como el programa A Toda Máquina, que están comprometiendo las finanzas del Ayuntamiento, no solamente este año, sino que se va a pagar en toda esta administración, hasta el 2024”, precisó.

Además, Mariana Fernández pidió que comparezca el presidente del Comité de Adquisiciones de Guadalajara para que responda a las interrogantes de los ediles.

El Gobierno municipal se defiende

Por separado, el Gobierno de Guadalajara envío un comunicado en el que explica que el arrendamiento no son sólo 290 patrullas, ya que la licitación incluye 763 vehículos: 290 patrullas, 100 motocicletas, 300 bicicletas, 40 patines eléctricos y 20 autos eléctricos para vigilancia del Centro Histórico y de la zona de Chapultepec.

Añadió que, de entre cuatro empresas, “se escogió la propuesta más solvente”, por lo que no hay impedimento para seguir adelante con la recepción del equipamiento. La próxima semana llegarán las primeras 25 motocicletas.

Aseguró que se trató de una licitación pública nacional, abierta a participación de todos los interesados, y que “10 participaron en la sesión de preguntas y respuestas. Finalmente se registraron cuatro que cumplieron con los requisitos y se eligió la propuesta más solvente”.

Y concluyó que la empresa ganadora “es especialista en estos temas, fue fundada en 2009 y ha cumplido con los contratos que ha ganado. No es una empresa improvisada”, por lo que “la ruta legal de la adquisición es sólida. No existe impedimento para seguir adelante con la recepción del equipamiento”.