Guadalajara, Jalisco. 

México no estaba listo para garantizar derechos humanos como la justicia, la salud y la educación durante un suceso excepcional e inédito como la pandemia del COVID-19. Así lo señalaron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el Seminario Suprema Corte de Justicia de la Nación moderado por la periodista Carmen Aristegui en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El ministro Javier Laynez Potisek se refirió que la afectación en salud no solo es para los enfermos de COVID-19, sino para quienes sufren otros padecimientos y que no están siendo atendidos porque no hay capacidades para atenderlos.

"Estamos como país pendientes del covid-19, pero hay tantas enfermedades en todos los sectores de la población que desgraciadamente por covid-19 están dejando de lado y me preocupa muchísimo también esa situación".

El ministro Juan Luis González Alcantara secundó esta reflexión al señalar que "todo el aparato de salud se detuvo y dejamos de atender a los demás sectores como niños con cáncer, a los adultos de la tercera edad que no pueden ir a terapia, los que tienen problemas respiratorio que no pueden ir por que está lleno de enfermos de covid. No hemos hecho la legislación adecuada, no hemos normado como debimos haberlo hecho".

Recordó que los tribunales y juzgados estatales se quedaron congelados, prácticamente.

"No tenemos los recursos para poder satisfacer las demandas de justicia de toda esa población, teníamos que haber actuado más rápido los congresos de los estados y la Ciudad de México, expedir normas para paliar a la sociedad. Dejamos de hacer mucho y tenemos que avanzar más para tener justicia en línea como lo tiene Estonia que puede acudir a los tribunales en línea para demandar justicia. Esto nos dejó fríos".

Lo mismo pasó con el derecho a la educación, pues no todas las familias estaban preparadas para trabajar en línea, indicó el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayan.

"Pero también nos demuestra que había una alta judicialización en México donde otros sistemas alternativos para solucionar los conflictos no habían funcionado. Hoy ante otra crisis inhabilitante nos pone de frente a un gran problema: ¿Estamos en el camino adecuado de mantener este nivel de judicialización de la vida pública y cotidiana de los individuos?".