Guadalajara, Jalisco.

La aprobación de reformas  a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico en el Congreso del Estado  se ha malinterpretado para abonar a la percepción negativa que se ha generado sobre el consumo de bolsas de plástico y popotes, señaló el presidente de los Industriales de Bolsas Plásticas (Inboplast), José Anguiano Hernández.

El empresario aclaró que la iniciativa promovida por Movimiento Ciudadano no prohíbe el uso de esos artículos, sino que incentiva a los fabricantes a sustituir el polietileno virgen  por materiales reciclados, biodegradables o compostables para disminuir el impacto ecológico, lo que avalan y ya se realiza en la industria.

Aseguró que desde que Marcelo Ebrard gobernó la Ciudad de México  este sector fue atacado, por lo que desde entonces la mayoría de los  fabricantes de bolsas  incursionaron en el reciclaje.

“Los fabricantes de bolsa como fuimos atacados en el 2011, todos  nos  preparamos, yo creo que casi el 80%, 70% con plantas recicladoras, todos reciclamos material por el mismo tema que veníamos viendo, si me preguntas, ¿qué hicimos? Apostar. ¿Hay tecnologías? Hay tecnologías europeas, hay coreanas, hay chinas, hay de todos los precios, sí se tiene que hacer inversión”.

El presidente de Inboplast consideró que el reto  para la industria del plástico con estas nuevas reglas no es aumentar sus materiales reciclados, biodegradables o compostables, como lo marca la reforma, sino combatir la mala percepción que existe sobre estos artículos  e  incluir al ciudadano en una economía circular.

Según Inboplast, sus ventas bajaron un 12% por la mala percepción. De acuerdo  con el dictamen aprobado en el Congreso del Estado, en el artículo 6  de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico se estableció que el gobierno deberá  promover la investigación y el desarrollo tecnológico  para que la producción de plásticos se haga a partir de materiales reciclados, biodegradables o compostables y crear un programa de sustitución gradual de plásticos de un solo uso.

En los transitorios se estableció que los ayuntamientos podrán imponer sanciones administrativas o económicas a partir de 2020. La reforma contará con una Norma Técnica, que deberá elaborarse en los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto.