Fotografía: Fátima Aguilar
Guadalajara, Jalisco.

El Gobierno de Jalisco hizo pública su postura respecto al informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y, mediante un comunicado, aseguró que tendrán apertura para acatar las 85 recomendaciones emitidas por este organismo internacional, a fin de disminuir las desapariciones en la Entidad.

Esto, pese a que múltiples sectores de la sociedad, entre ellos las propias familias de los desaparecidos, lo han exigido durante años.

El comunicado destaca que, durante el pasado mes de noviembre, el gobernador Enrique Alfaro recibió a la delegación del Comité, y que ambos se reunieron con los titulares de la Fiscalía Estatal y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En el mismo encuentro se entregó a los representantes de la ONU toda la información relacionada con la desaparición de personas.

En la postura del Gobierno estatal se especifica que desde hace tiempo se inició con esta agenda, puesto que la Entidad ya cuenta con la Dirección de Identificación Humana, la construcción del panteón forense y la creación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

En el comunicado se advierte que la agenda de desaparición de personas es “prioritaria” para la actual administración. Por eso, notificaron al Comité especializado de la ONU que la Entidad ha destinado un incremento a la plantilla laboral y los presupuestos dirigidos a las áreas que atienden estos delitos, como la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Se asegura, también, que la ley estatal de Personas Desaparecidas es “de vanguardia”, y que a partir de los resultados de la ONU, Jalisco iniciará un proceso de revisión del documento para enviar sus conclusiones a los organismos conducentes.

Jalisco se encuentra entre los Estados punteros en desaparición de personas, junto con Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, suman el 70% del total de personas no localizadas.

Rocío López Fonseca