Lagos de Moreno, Jalisco

A propósito del Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura, hoy 26 de junio, Francisco Macías especialista en Derechos Humanos, habla sobre el panorama del país y de nuestro estado con respecto a esta práctica.

Por Luz Atilano

Condenando la tortura como uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora desde 1998, el Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura, cada 26 de junio. Con ello se busca visibilizar la existencia de esta práctica y reflexionar hacia aquello que en nuestra sociedad hace falta para eliminar este tipo de violaciones a los derechos humanos.

Tema que no es ajeno a nuestra sociedad, pues como afirma Francisco Macías Medina, especialista en el área y ex integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en el mundo y en nuestro país, la tortura es un elemento que no ha desaparecido de las prácticas de control que desde las lógicas del estado y las dinámicas sociales se tienen, de alguna forma consentidas por los agentes de autoridad. Se practica con la finalidad de provocar sufrimiento, para sancionar conductas debidas o indebidas, o para obtener información de forma ilícita. Y lamentablemente, en México se trata de una conducta generalizada, de una práctica cotidiana.

“En México el relator contra la tortura, un abogado muy distinguido, Juan Méndez; por cierto… argentino y víctima de tortura… Hizo el calificativo a  México, lo cual le generó muchos reclamos, que la tortura en México es generalizada. ¿Qué significa generalizada?, que la evidencia que obtuvo una instancia internacional, en esta caso con todo el reconocimiento como Juan Méndez, nos hace ver que de los casos que él tuvo acceso, de la información que llega de la sociedad civil y de lo que dialogó con la autoridad, determinó que en México es una práctica cotidiana, que las investigaciones se realizan no bajo un esquema democrático, sino bajo un esquema violento para obtener evidencia o como sanción o como recriminación por alguna conducta de alguna persona.”

Y es que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, manual de Investigación y documentación sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, la tortura se refiere no sólo al daño de la integridad física de una persona, también al de su integridad psíquica, a la violación de su derecho a un debido proceso, a la negación de información, e incluso a las omisiones en el actuar de la autoridad.

“La tortura no sólo involucra la integridad física. Involucra la integridad obviamente psíquica, pero además involucra algo muy importante que es el derecho al debido proceso, que estos procedimientos que tiene que desahogar la autoridad para que cuando haya un conflicto con la ley, por ejemplo una persona que delinque, una persona que comete una falta administrativa, sea claramente definido qué es lo que le va a ocurrir a la persona en el sentido de su afectación jurídica porque hay que recordad que en México están prohibidas las penas que trascienden a la persona, porque si no estaríamos en la Edad Media… Sin embargo estamos viendo que tenemos corporaciones que constantemente atentan contra la integridad de las personas.”

El especialista en Derechos Humanos, señala cuatro aspectos de suma importancia para la erradicación de la tortura como una práctica del estado:

• La revisión de todo el quehacer y control policial, que existan protocolos hacia la integridad de las personas sobre el uso de la fuerza, que ésta sea de forma proporcional.
• La supervisión de policías preventivos, considerando también la resistencia por parte de la población y sus posibles impactos; situación que también se relaciona con las condiciones laborales de los elementos.
• Control policial público, con el que las personas obtengan mecanismos rápidos de denuncia para sancionar a los elementos abusivos.
• La parte de la cadena de custodia: salvaguardar la integridad física de las personas detenidas, quienes tienen derecho a denunciar cualquier acto degradante.

“Eso nos tiene que permitir visualizar la cuestión de buscar alternativas, de mejorar los controles que se tienen sobre la integridad física, sobre la investigación, sobre los servidores públicos, sobre los recursos, sobre las técnicas que se utilizan también para la investigación con la finalidad de ir erradicando este grave problema. […] Que realmente se abran investigaciones y se sancionen. En Jalisco se ha presumido por parte de la CEDH que han sancionado precisamente a policías municipales por actos de tortura. Pues sí, es correcto eso y qué bueno que se haya hecho pero hay que decir que eso todavía es incompleto porque estamos hablando de policías municipales que obraron de arbitrio propio, con una violación grave a los derechos humanos, pero no vemos un solo director de Seguridad Pública o un solo comandante consignado por las omisiones de falta de supervisión. Esto es tan delicado, que no sólo es quien actúa, sino al médico que no denuncia la tortura, al comandante que no supervisa, al director que alienta. O puede ser hasta una autoridad política que aliente este tipo de maltrato. Ha hecho falta un trabajo más de profundidad en la aplicación. En el caso de Jalisco acaban de actualizar el delito de tortura, hay una nueva legislación que está sometiéndose a prueba, hay varias recomendaciones de la CEDH que son aceptadas de una forma fácil pero no son cumplidas, porque si fueran cumplidas no tendríamos más casos de tortura.”

Por otro lado, como sociedad, es importante no ver como la tortura como una práctica buena o justa pues, agrega Francisco Macías, si abrimos la puerta a la tortura, nos estamos colocando en riesgo a todos, y es cuestión de tiempo que un día, por cualquier motivo, nos encontremos ante estas circunstancias.

Te invitamos a consultar en su página web el mensaje de la ONU al respecto del Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura, conocer lo que es la tortura y revisar las campañas que existen al respecto. También a visitar cepad.org.mx, el portal de Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en el que constantemente se suben informes sobre la situación de Derechos Humanos en Jalisco y en México, con casos concretos y el análisis de lo que se ha avanzado y de todo lo que hace falta.