Por Gabriela Arreola

En el variopinto programa de la última Feria Internacional del Libro de Guadalajara se incluyó un foro en el que fueron congregados algunos activistas, periodistas y comunicadores que fueron directamente afectados por el estado mexicano al tratar de violar su privacidad con el uso del software Pegasus.

Estuvieron presentes la periodista Carmen Aristegui; Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; el periodista Salvador Camarena, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad;  y el director de R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, Carlos Brito. Él fue el primero que tomó el micrófono para hablar acerca de la investigación hecha por su organización en conjunto con Artículo 19, Citizen Lab y Social Tic:

«Ni siquiera se ha llamado a entrevista, se han identificado los funcionarios que han operado Pegasus, es decir, la investigación parece que no está avanzando y por eso es que hemos insistido en la necesidad de una investigación independiente y parcial con un componente de expertise internacional importante».

Un gobierno que espía a conveniencia

El tema que unió a los periodistas y defensores de derechos humanos en uno de los salones de la Feria Internacional del Libro, tuvo que ver con la investigación que sacó a la luz The New York Times, en la que se daba cuenta de los intentos de espionaje realizados por el gobierno federal entre enero de 2015 y julio de 2016 a periodistas, comunicadores, activistas, defensores de derechos humanos y académicos.

Esto es parte de lo que expresó el periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Salvador Camarena:

«Creo que lo importante es qué les va a pasar a ustedes cuando a los periodistas y a los activistas y a los defensores de derechos humanos los tratan de aislar, los atacan, los tratan de intimidar. Es el intento de un estado que acosa. Y también porque es una hipótesis válida, creo, de un estado que permite que acosen a sus ciudadanos, porque aquí, algo que tenemos hoy a seis meses, lo que tenemos hoy son puras preguntas, ninguna respuesta de las autoridades, ninguna explicación a la ciudadanía, ninguna aceptación de los entes gubernamentales que está probado que tenían y tienen estos equipos».

Para sentar un precedente

Por su parte, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dijo que lo importante era sentar un precedente, pues si bien no es la primera vez que han sido acosados, en esta ocasión se hizo público como nunca antes.

«Parte del mensaje central que tenemos todos y todas quienes estamos aquí arriba es que en esta ocasión los pudimos cachar, en esta ocasión pudimos corroborar que en efecto nos espían. No es que no los supiéramos, es que ahora lo pudimos comprobar. No es la primera vez que denunciamos los hostigamientos, las amenazas, y no es que seamos incrédulos y digamos que vamos a denunciar porque se va a investigar, la idea es documentar o la falta de capacidad del estado o la falta de voluntad del estado».

Los asistentes a la mesa, en la que también estuvo Carmen Aristegui, se habló además de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ante la que se manifestaron en contra.