Guadalajara, Jalisco. 

En 2022, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) ejerce un gasto de 102.6 millones de pesos. Y para el año próximo, la proyección es de 130.5 millones de pesos, lo que significa un incremento de 27% entre un año y otro.

Ese significativo aumento se debe a que 63 millones de pesos se van a destinar, en los meses finales de 2023, al arranque de la organización del proceso electoral 2024, cuando se van a renovar 125 alcaldías, 38 escaños del Congreso local y el Gobierno de Jalisco.

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, afirma que debe distinguirse entre el costo que implica darles dinero público a los siete partidos con registro en la entidad, y el gasto para el organismo electoral local.

Y la pregunta se plantea de nuevo: ¿Por qué es tan costoso mantener a organismos electorales como el INE y el IEPC?

Paula Ramírez lo explica así:

 “Y yo te diría que lo que es costoso es la desconfianza. Cómo tú sabes, la construcción de nuestro sistema electoral, ha sido una construcción normativa que casi es un manual de procedimientos, porque cada uno de los pasos de las tareas de la función electoral tiene revisiones, verificaciones, candados, que tiene que ver con la desconfianza que hay en torno a las elecciones en México. Antes, insisto, de la transición a la democracia. Me refiero antes de los años 90, muy concretamente”, refiere. 

Se le pregunta si es posible hacer una reducción drástica en el gasto para el IEPC. Ante ello, responde que todos los procedimientos para organizar elecciones están establecidos en la Ley y no puede omitirse un solo paso por ahorrar dinero.

 “Somos el único país en el mundo que emite su voto sobre un papel billete; es decir, sobre un papel de alta seguridad, porque hubo -antaño- la mala práctica de introducir votos falsos a las urnas. Uno de los mecanismos para darle integridad al proceso electoral fue darle seguridad material al documento donde se emite la votación, de manera que sean infalsificables”. 

El padrón electoral es verificado, revisado y permanentemente monitoreado por todas las fuerzas políticas a través de comisiones de vigilancia en cada uno de los distritos. Eso cuesta y cuesta caro, asegura la presidenta del IEPC.

Otra actividad que debe realizarse en cada proceso electoral es capacitar a cientos de miles de funcionarios de casilla. Y, en consecuencia, desembolsar más dinero para ese fin.

 “El año pasado, en la elección concurrente federal y local se instalaron 164 mil casillas en todo el territorio nacional; eso hay que multiplicarlo por el número de funcionarios de casilla para ver lo que cuesta el despliegue que tiene que hacer el INE para tocar las puertas, reclutar, capacitar, coordinar y montar esa elección”. 

A Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la UdeG, también se le pregunta si pueden reducirse los gastos en la organización de las votaciones. Esto responde:

 “A los ciudadanos nos interesa que se gaste en la seguridad de que los votos sí van a valer, en la seguridad de que están contando bien los votos. En ese sentido, que toda la estructura que tienen los institutos electorales, como el INE, creo que nos dan una certeza y en ese caso diríamos que lo que se invierte de nuestros impuestos, tenemos una recompensa”. 

¿Te parecen atinadas sus respuestas? Te invito a que no te pierdas la tercera parte de este trabajo especial, en donde te hablaré de la disputa por el financiamiento entre los partidos locales y los que tienen registro nacional.

Lee el especial completo de La democracia dorada