Guadalajara, Jalisco.

Tras acreditar que hay un daño ambiental, violación a planes parciales y un riesgo para la salud pública de sus eventuales habitantes, el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa ordenó al ayuntamiento de El Salto suspender las obras del fraccionamiento El Mirador que a la fecha lleva un 50 % de avance, e incluso, ya hay viviendas habitadas.

Así lo dieron a conocer activistas de Un Salto de Vida quienes han promovido tres juicios de amparo ante juzgados federales en contra de la obra debido a que, aseguran, se pretende construir 6 mil casas a pesar de que se trata de una zona con alta degradación ambiental, con crisis de agua por su escasez y falta de calidad, e incluso está a 1.8 kilómetros de distancia del vertedero Los Laureles.

"Esta medida no implica de manera directa que se dejen de vender casas o seguir habitando la zona, sin embargo resulta un precedente importante para que entonces se dé el siguiente paso a que no se sigan vendiendo estas casas e incrementando la habitación de esta zona, es una batalla más en que el juzgado de amparo reconozca que no es solo una falta al medio ambiente por el derribo de árboles, por la falta de dictamen ambiental sino también por la alta densidad poblacional", señaló Juan Carlos Flores, abogado Un Salto de Vida.

De acuerdo con los activistas, el proyecto del fraccionamiento El Mirador incurre en varias irregularidades, pues no cuenta con dictamen de factibilidad en materia de agua, protección civil, ni medio ambiente, además, sin contar con permiso de habitabilidad ya ha comenzado a vender propiedades e incluso ya hay alrededor de mil personas residiendo allí, sin embargo, confían en que el nuevo fallo impida que más personas compren y se muden en esas condiciones.

"Lo que creemos importante es tratar de tener identificado cuánta gente habita, hicimos una visita al fraccionamiento en septiembre y no había ni siquiera mil personas, eso comentaba la gente de ahí y claro en estos meses han seguido vendiendo casas", informó Alan Carmona, integrante Un Salto de Vida.

Otro aspecto que revelaron los activistas es que no conforme con las irregularidades administrativas y el riesgo ambiental que supone el fraccionamiento en El Salto, es que el Infonavit ha financiado la compra de algunas de esas viviendas, por lo que pidieron a la dependencia federal no consentir con apoyo financiero proyectos inmobiliarios que ponen en riesgo la inversión y salud de sus derechohabientes, pues el fraccionamiento se encuentra próximo al vertedero Laureles y al contaminado río Santiago.