Fotografía: Ignacio Pérez Vega
Guadalajara, Jalisco.

Aumentó a 22 la cifra de ex funcionarios jubilados y trabajadores en activo que presentaron juicios de amparo en contra del “tope” de 106 mil pesos que estableció el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), a partir del 10 de septiembre.

De esa lista, 18 amparos corresponden a ex funcionarios y ex magistrados que perciben jubilaciones superiores a 105 mil pesos, y quienes recibieron suspensiones legales definitivas para mantener su ingreso.

Entre ellos están el ex alcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco, con 180 mil 805 pesos; el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, con 178 mil 696; los ex magistrados del Poder Judicial, Gilberto Garabito García, con 172 mil 030; José de Jesús Angulo Aguirre, con 170 mil 757; y Hugo Olveda Colunga, con 170 mil 210.

De los otros cuatro juicios de amparo, dos fueron presentados por trabajadores en activo que tienen salarios de 42 mil y otro de 15 mil 800, a quienes no les afectaría el “tope” de pensiones y quienes están “desinformados”, así como dos casos más de servidores públicos que señalan que serían afectados en un futuro.

El director jurídico del Ipejal, Rodrigo Moreno Trujillo, explicó que confían en ganar los juicios, con el argumento de que el interés de un particular no puede estar por encima del interés público.

“No puede privar el interés particular sobre el interés general, sobre el interés público y, además de todo ello, quiero decirles que nuestro país, para no irnos a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras más, ya ha sostenido en diversos precedentes, que priva el derecho público, el derecho general, el derecho de la ciudadanía, sobre los derechos de personas o en lo individual”, expresó.

Por su parte, el director del Ipejal, Héctor Pizano Ramos, señaló que la reforma que establece el “tope” a las pensiones VIP es para darle viabilidad al Fondo de Pensiones hasta el año 2051, junto con otras acciones.

“Lo que nosotros buscábamos en conjunto con quien presentó la iniciativa de reforma, que es el Ejecutivo del Estado, es proteger este fondo solidario del que hoy pueden gozar más de 42 mil personas y familias, y muchos más que vienen en camino, porque solamente en 2020 están por pensionarse seis mil personas, en 2021 otros tres mil. Es más, nuestro número de pensionados se duplicará entre 2020 y 2028”, señaló.

El director del Ipejal explicó que 100 jubilaciones autorizadas en el pasado están siendo revisadas por la Contraloría Interna y en 36 casos se encontraron inconsistencias, por lo que se turnaron los casos para la investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.

“Todo esto, además de la revisión que desde el órgano interno de control se está haciendo sobre los procedimientos de cómo se otorgó cada una de estas pensiones, y si realmente se cumplieron las justificaciones para otorgarlas. Es decir, si realmente se trabajó en cada uno de los espacios que determina el expediente, si realmente aportaban y se aportó esas cantidades que hoy están en los expedientes y si realmente eran esas las cantidades y los tiempos para haberse otorgado”, informó.

El impacto económico de las 73 “pensiones doradas” implica para el Ipejal un pago de 230 millones de pesos anuales, por lo que de seguir a ese ritmo el organismo no tendría viabilidad económica para pagarle a 42 mil jubilados que existen al día de hoy y darle servicios médicos y de préstamos a 122 mil trabajadores activos

Ignacio Pérez Vega

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