Guadalajara, Jalisco.

En su Tercer Informe de Gobierno, Enrique Alfaro presumió una reducción en la estadística de robos en general. Y es una buena noticia, pues se trata de delitos que afectan al patrimonio de las personas. Sin embargo, no todas las cifras son alegres y se advierten algunas inconsistencias entre los indicadores que se nos compartieron en el Informe… y la realidad.

Por ejemplo, el mandatario estatal dijo que hay una capacidad de resguardo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que, lejos de ventilar un escenario esperanzador, revela que sí existe una crisis en esa materia.

Para el 31 de diciembre de 2020 se tenían registrados 473 cadáveres de personas fallecidas no reclamadas y mil 652 segmentos humanos, pero al 30 de septiembre pasado ya había 517 cadáveres en resguardo y dos mil 806 segmentos humanos. Ambos crecieron.

No sólo eso. Debido a la cantidad de cuerpos, los módulos de resguardo se ampliaron de 505 a 725.

Otra área que quedó en evidencia, y que está ligada directamente con la anterior, es que al tercer año la prioridad en la contención de homicidios ya no es tal.

El primer informe de Gobierno de Enrique Alfaro deja en claro que “el primer objetivo” propuesto por el Gobierno de Jalisco en materia de seguridad fue detener la escalada de violencia que se arrastraba desde años atrás y contener principalmente los delitos patrimoniales que más afectan a la población.

Pero, además, “se fijó una especial atención en los homicidios dolosos y los feminicidios”.

Dos años después, el Informe de Gobierno ya “separa” a las víctimas de homicidio “según las circunstancias del hallazgo de sus cuerpos”, y se reconoce un aumento de 0.37% con respecto a 2018, sin incluir a 2019. El propio Enrique Alfaro ha declarado que la mayoría de los asesinatos están ligados al crimen organizado, un tema que abiertamente ha dejado en manos del Gobierno federal.

Sin embargo, en el Primer Informe había un compromiso de detener la escalada en la incidencia delictiva y se reconocía que una “asignatura pendiente” en seguridad era el tema de los homicidios dolosos y los feminicidios. Incluso se afirmaba que “desde el Gobierno de Jalisco se han tomado todas las medidas para combatirlos sin titubeo”.

Para 2021 el discurso ya es distinto, y ahora se menciona que “al comenzar esta administración decidimos poner el foco en los delitos patrimoniales, de manera particular en el robo de vehículo particular, a negocio, a persona, a casa habitación, a banco, a cuentahabiente, de motocicleta y de vehículo de carga pesada”.

- Deuda pública -

Si algo presumió Enrique Alfaro es que Jalisco tiene finanzas sanas, y que cada jalisciense debe alrededor de tres mil 500 pesos, un dato que tampoco se explicó si es una buena o mala noticia.

La realidad es que Jalisco ocupa actualmente el séptimo lugar entre las entidades federativas con mayor deuda subnacional y su ritmo ha crecido exponencialmente durante la actual administración, y en particular desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

Un dato interesante es que, en los últimos 30 años, Jalisco alcanzó una deuda de 18 mil 192 millones de pesos para 2018 y la tendencia era a la baja, ya que en 2019 se reportó que eran 17 mil 311 millones.

Pero de acuerdo a la propia información fiscal del Estado de Jalisco, en 2020 la deuda aumentó a 26 mil 723 millones y en 2021 la suma llegó a 27 mil 441 millones. Es decir que, pese a que se presumió que hay una buena calificación crediticia para la Entidad, la administración en curso pasará a la historia por su alto nivel de endeudamiento neto, equivalente a nueve mil 248 millones de pesos, sólo en sus primeros dos años y medio.

Lo que no se dijo en el informe es que, a consecuencia de esta deuda aprobada por el Congreso local, los jaliscienses podrían terminar pagando hasta 15 mil millones de pesos de intereses, y de acuerdo con especialistas, tendrá que ser liquidada en un plazo de 20 años.